Los ecosistemas forestales -bosques naturales y plantaciones forestales- ofrecen a la sociedad ciertos bienes que tienen mucho que ver con la vida misma sobre el planeta, y cuya importancia esencial ha venido teniendo un reconocimiento creciente en el mundo: son los servicios ambientales como la conservación de la biodiversidad, protección del agua y regulación de sus caudales, protección del suelo, conformación del paisaje, captura y retención de dióxido de carbono, uno de los gases efecto invernadero que alteran el clima mundial.
Estos servicios ambientales, tradicionalmente, no se pagaban a quienes los generaban –los poseedores de bosques naturales y plantaciones forestales–, pues eran bienes libres que existían en cuantías superiores a las necesarias para satisfacer las necesidades humanas, no había propiedad privada sobre ellos y a nadie se podía excluir de su uso o consumo. En estas condiciones, no podía existir un mercado en el cual transar estos bienes y conformar un precio para ellos. El no pago de estos servicios, fenómeno que los economistas llaman externalidad positiva, constituye un problema y perjuicio para los bosques.
En efecto, quien posee bosques naturales, si no recibe un pago por los servicios ambientales que aquellos generan, no tendrá incentivo para conservarlos y cuidarlos, sino más bien a talarlos para establecer otra actividad productiva que sí le produzca ingresos. Un productor que realice el aprovechamiento sostenible del bosque, si no recibe ingresos por los servicios ambientales que este sigue generando al renovarse permanentemente, tendrá menores estímulos para incurrir en las inversiones, costos y riesgos que genera el aprovechamiento sostenible, y perderá competitividad frente a la tala destructiva.
Igualmente, el no pago provoca una subinversión en plantaciones forestales, pues el productor no recibe remuneración por todos los servicios que sus árboles generan y, por esto, el beneficio privado es inferior al social, ocasionando que la inversión sea inferior a la deseable.
Otro efecto desfavorable de este fenómeno es que el productor forestal, al no recibir pagos por los servicios ambientales, deberá imputar todos sus costos a un solo producto, normalmente la madera, perdiendo competitividad frente a productos sustitutos de esta, como los plásticos, aluminio y acero. Por otro lado, al no realizarse esos pagos por los servicios ambientales, las cuentas nacionales de los países no los computan como parte de la producción del país. En consecuencia, la contribución del sector forestal primario –la silvicultura y la extracción de madera– al PIB de Colombia es solo del 0,2 por ciento, a pesar de que más o menos la mitad del área continental del país está cubierta por bosques, lo cual les resta prioridad ante el Gobierno y la sociedad.
El pago de los servicios ambientales resuelve estos problemas, pues cambia el sistema de incentivos a favor de la conservación del bosque, de su aprovechamiento sostenible o de la inversión en plantaciones forestales, y en contra de la destrucción del bosque, del cambio de uso del suelo o de la preferencia por otras inversiones. Además, este pago aumenta y diversifica las fuentes de ingresos de las personas, comunidades y empresas que poseen y manejan bosques y plantaciones forestales, reduce sus riesgos, y contribuye a superar la pobreza, que es crítica en estas zonas, así como a impulsar el desarrollo rural.
Camilo Aldana Vargas
Consultor caldana3@yahoo.com