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Cecilia López Montaño
Análisis

De los conflictos de intereses en el Estado

Gobierno debe proceder de inmediato a establecer las incompatibilidades de sus funcionarios, si no quiere que el remedio a la mermelada resulte peor.

Cecilia López Montaño
POR:
Cecilia López Montaño
septiembre 10 de 2018
2018-09-10 03:14 p.m.
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Por lo menos dos razones de peso obligan en este momento a plantear los problemas que surgen de los conflictos de intereses, especialmente cuando se trata del manejo de lo público. En primer lugar, el actual gobierno está a tiempo para poder introducir mecanismos y tomar medias para que este inconveniente no se presente.

Segundo, y aún con mayor razón, la administración del presidente Duque se caracteriza por estar sobrerrepresentado el sector privado y, en particular, a importantes gremios de la producción del país. No solo se trata de seis carteras claves, cuyas cabezas vienen de instituciones que incorporan intereses privados, sino incluso de funcionarios de segundo nivel del mismo origen, que pueden verse enfrentados a situaciones similares a las del respectivo ministro.

Para evitar confusiones, es bueno partir de su definición: “Los conflictos de interés son aquellas situaciones en las que el juicio de un sujeto, en lo relacionado a un interés primario para él o ella, y la integridad de sus acciones, tienden a estar indebidamente influenciadas por un interés secundario, el cual, frecuentemente, es de tipo económico o personal.

Es decir, una persona incurre en un conflicto de intereses cuando en vez de cumplir con lo debido, podría guiar sus decisiones o actuar en beneficio propio o de un tercero. Los conflictos de intereses están presentes en numerosas decisiones de la vida de profesionales, directivos y empleados, así como de las empresas y organizaciones, públicas o privadas” (Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Zubirán, 2013).

Definido lo anterior, la pertinencia de esta aclaración se origina por la numerosa presencia en las altas esferas gubernamentales de personas cuya experiencia ha sido defender intereses particulares. Pero resulta que, una vez se asume un cargo público la responsabilidad del ahora funcionario del Estado es cumplir la Constitución, lo que se traduce en que su nueva responsabilidad es velar por el interés nacional.

Frente a estos posibles problemas que pueden presentarse por las características mismas de sus principales funcionarios, la respuesta de miembros del Centro Democrático es que esta fue la alternativa posible frente a la decisión del presidente Duque de no nombrar a políticos que se supone son poco transparentes.

Eso puede ser cierto, pero si no se reconoce la posibilidad de conflictos de intereses entre los nuevos funcionarios, se puede caer en otro problema serio de falta de transparencia, para no llamarlo de una vez corrupción.

Para evitarlo hay una alternativa que poco gusta, pero que puede ser eficiente para el Estado y para los ciudadanos de este país, y que consiste en identificar públicamente las inhabilidades que cada uno de estos funcionarios tiene.

Así como es un deber mostrar la declaración de renta cuando se entra y cuando se deja un puesto público, también deberían salir del gobierno del presidente Duque las inhabilidades que tienen sus ministros, viceministros y otros altos funcionarios del Estado.

El problema de tener tantos cargos en manos de exdirigentes gremiales o de representantes del sector privado, es que pocos temas se podrán beneficiar de amplias discusiones en el Conpes o en el Consejo de Ministros, y las decisiones pueden quedar en manos de los pocos que no tienen esa limitación.

Por inconveniente que parezca, esta es una mejor solución para el país, que esperar a que quienes se sienten perjudicados por decisiones estatales se opongan a directrices del gobierno y después sean descubiertos por haber caído en la defensa de sectores específicos, sacrificado el interés nacional.

Esto es exactamente lo que acaba de ocurrir con la decisión del Ministerio de Comercio sobre el precio del producto denim, que al bajarlo facilita el dumping de China que perjudica a un sector textil específico.

Encontraron quienes se oponen a esta nueva medida, que la viceministra de Comercio, Laura Valdivieso, trabajó con la actual ministra de Transporte, Angela María Orozco, fundadora de una empresa defensora comercial en casos de dumping y salvaguardias en distintos sectores, como lo analiza Portafolio. Valdivieso aparece como socia de esa compañía.

Este es un ruido innecesario si de antemano se hubiesen establecido las incompatibilidades de estos funcionarios. Una vez aclaradas dichas limitaciones, otro funcionario habría participado en esta decisión que ha generado polémica. No habría sucedido ese impasse si esa norma la emite alguien sin historia o vínculos con grupos de interés en este sector.

Este es, sin duda, el primer caso conocido hasta ahora, pero podrían ser muchos más por las características de este nuevo gobierno, en el cual el sector privado es el rey. Lo que debe tomarse en cuenta en estos inicios de la actual administración es que no puede pecar de ingenua.

Si se creyó que al designar miembros del sector privado se garantizaba transparencia porque era la mejor alternativa frente a los costos de nombrar personas vinculadas al sector político, es mejor que no se equivoquen. El Gobierno debe proceder de inmediato a establecer las incompatibilidades de sus funcionarios, si no quiere que el remedio a la mermelada le resulte peor, en términos de lograr defender el interés nacional sobre los intereses particulares.

Cecilia López Montaño
Exministra - Exsenadora

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