El presidente Santos hizo una declaración histórica el lunes en Quibdó, durante la presentación del Plan Nacional de Prosperidad Social y de la Red Juntos. Declaró: “diría, y esta es la primera vez que lo digo: reducir la pobreza es nuestra meta prioritaria. El PND se resume: más seguridad, más empleo formal, menos pobreza, pero menos pobreza dentro de ese triángulo es nuestra prioridad”. Esta declaración tendría que llevar a una revisión a fondo del Plan de Desarrollo que ha elaborado la administración para presentarlo al Congreso. Para la reducción de la pobreza, medida en términos de ingreso, un factor clave es el crecimiento acelerado de la economía, que a su vez debe llevar a un crecimiento acelerado del ingreso promedio de las familias: este vínculo entre reducción de la pobreza y crecimiento se da positivamente, siempre y cuando la distribución del ingreso no empeore al tiempo que la economía crece. Lo anterior no es ciencia económica: es aritmética. Así, desde el punto de vista de la estrategia del desarrollo, o de la prosperidad, para usar el lenguaje oficial de hoy, la gracia está en saber si el crecimiento económico previsto tiende a mejorar o a empeorar la distribución del ingreso. Hay abundante análisis en Colombia de la mala calidad del crecimiento económico durante la última década, en términos de su impacto distributivo. Algunas declaraciones del Gobierno actual reconocen la mediocridad social del proceso económico reciente. Esto sí es el del campo del análisis económico y de la economía política, y no de la aritmética. Y este el reto de la política pública. Si los propósitos del Gobierno se han de evaluar centralmente mediante el logro de metas significativas en reducción de pobreza, entonces los instrumentos intermedios han de ser: un rápido crecimiento económico, un crecimiento que no continúe favoreciendo la desigualdad social, la intervención estatal en la comunidad más pobre y una estrategia afirmativa de combate a la mala distribución del ingreso. Colombia, uno de los campeones mundiales en desigualdad, tiene poca oportunidad de alcanzar buenas cifras de crecimiento. Aquí es menor el consenso académico, pero la literatura especializada concluye que los países desiguales tienen tasas de crecimiento potenciales mucho más bajas que aquellos donde hay mayor igualdad de ingresos. Así pues, el reto de este Gobierno no puede ser simplemente el de poner en marcha las locomotoras, mejorar la promoción social y la intervención estatal directa en la población más pobre, sino darle un volantín a los ejes de la desigualdad. No puede esperar que la mecánica del crecimiento resuelva el acertijo: se necesita una transferencia de ingresos de arriba hacia abajo, esta sólo puede ocurrir con una política tributaria verdaderamente progresiva. Y esa no aparece en los papeles de trabajo de la administración, ni hay voces en el Congreso que hablen de ella. Claro que se requiere la acción directa de atacar la pobreza extrema de manera focalizada y coordinada; es necesario confiar en las metas de la Red Unidos, y esperar que las graves fallas de la política social tengan una buena corrección en los próximos años. Me gusta mucho, por equilibrado, franco y claro, lo que ha dicho y escrito Samuel Azout, consejero presidencial para la Prosperidad. Es una buena voz para el Presidente. La vaina es que la contundencia de la declaración de Santos en Quibdó, y las de Azout, no casa con la mediocridad de las metas del Plan de Desarrollo. Como dice Jorge Iván González, los remedios no empatan con el diagnóstico. ¿Qué falta? La decisión de implantar en Colombia un régimen tributario compatible con la democracia social.
El Plan no casa con los propósitos sociales
Para la reducción de la pobreza, medida en términos de ingreso, un factor clave es el crecimiento ac
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César González Muñoz
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