Mucho se ha hablado de la importancia estratégica de esta región, y no es para menos. En la Orinoquia tenemos todo el potencial para convertirnos en la despensa alimentaria y energética de Colombia, y somos la última opción que tiene el país para expandir su frontera agrícola.
Sin embargo, la región ha estado abandonada por más de 180 años y el retraso es grande. Este es el momento de potenciar su desarrollo y saldar años de olvido, pero para hacerlo debemos, en primer lugar, generar condiciones que promuevan la inversión, dar estabilidad jurídica a los productores, ya sean grandes o pequeños, y fomentar mayor presencia estatal.
Por tal motivo, el proyecto de Ley 133 de 2014, denominado Proyecto de las Zidres, se convierte en una oportunidad interesante para atender un problema que solo se resuelve con medidas legislativas de fondo que aclaren la incertidumbre jurídica. Sin embargo, se hace necesario fortalecerlo para que realmente atienda la situación generada por equivocadas interpretaciones de la Ley 160 de 1994, por la que se han visto afectados más de 600 mil predios en todo el país.
El proyecto es importante, pues reconoce que Colombia se caracteriza por una gran heterogeneidad entre sus regiones en cuanto a la densidad demográfica y calidad de la tierra, y que zonas como la Orinoquia requieren de un desarrollo con apoyo del sector privado con el suficiente músculo financiero, acceso a tecnologías, innovación y desarrollo, y con la capacidad de generar economías de escala.
No obstante, la iniciativa se queda corta en el articulado y no da claridad a aspectos que se esperaba atendiera, como la no retroactividad de la Ley 160 de 1994 y la eliminación al límite en la adquisición de tierras en la región, teniendo en cuenta que sus características particulares hacen que estos territorios requieran altísimas inversiones por parte del sector privado para realmente ser productivos.
Por otro lado, es importante la forma en que este proyecto busca abrir una nueva alternativa para el desarrollo de regiones como la nuestra y el fomento de un modelo en el que tanto pequeños, como medianos y grandes puedan convivir. A pesar de que este aspecto es muy positivo, pues ratifica el entendimiento del Gobierno de la necesidad de generar las condiciones para lograr un modelo de desarrollo del agro incluyente, el esquema de asociatividad, planteado en el proyecto, debe ser voluntario, como ocurrió en Brasil, y no establecerse como el único camino para generar la integración. Este aspecto debe ser corregido.
Es claro que el Gobierno Nacional tiene el mayor interés en impulsar el desarrollo sostenible de la Orinoquia y de ampliar la frontera agrícola del país de manera responsable, pero se hace necesario que la iniciativa legislativa, que está en trámite, recoja todas las preocupaciones de quienes hacemos presencia en la región y conocemos sus particularidades, porque de lo contrario estaremos perdiendo nuevamente una oportunidad única para fomentar el desarrollo de nuestros llanos.
Clara Leticia Serrano Castillo
Directora de la Asociación Empresarial para el Desarrollo de la Orinoquia
