Desarrollo, crecimiento económico y aumento de la productividad son todos ideales por alcanzar en el contexto de las naciones occidentalizadas. Ciertamente, cualquier economía, pues incluso aquel selecto grupo de países que conforman lo que odiosamente se denomina ‘primer mundo’ , formulan políticas para mantener o incrementar los patrones que indican el logro de dichos ideales.
Con frecuencia se tiende a pensar en tales conceptos como un universo desconocido al que se accede al atravesar una puerta mágica o como un estado que se adquiere mediante procedimientos y fórmulas que, como sucedía con los alquimistas, sólo son conocidas por unos pocos iniciados: los tecnócratas y gurús económicos de nuestros días.
Por alguna razón se desdibuja el vínculo fundamental existente entre desarrollo y la estructura primaria llamada a materializarlo: la organización. Efectivamente, el crecimiento de una economía está relacionado con la capacidad de sus empresas para desplegar sus potencialidades de manera que su negocio genere mayores utilidades y agregue valor en lo social, y que el contexto ambiental en el cual su producción tiene lugar no se deteriore o al menos no hasta un punto en que pierda su intrínseca capacidad de autoregeneración.
El logro de este triple objetivo se enmarca dentro de lo que con rigor académico se conoce como la ‘Hipótesis de Porter’, y en palabras coloquiales se llamaría un negocio ‘gana-gana’: gana el empresario; gana la sociedad en su conjunto y gana el ambiente.
En relación con este último aspecto, la industria del país parece en mora de comprometerse de forma más frontal con la puesta en marcha de mecanismos como los Programas Ambientales Voluntarios (PAV).
Estos son, esencialmente, iniciativas promovidas bien sea por el empresario o por una instancia gubernamental, que instan a las empresas a reducir su impacto ambiental más allá de lo exigido por la ley.
En Colombia, recientemente se han registrado intentos en este sentido, por ejemplo, la cuantificación y manejo de la huella de carbono generada por la organización de eventos de gran magnitud, como sucedió con el Mundial de Fútbol Sub-20 en julio pasado, pese a lo cual la difusión de esta clase de instrumentos en el país es aún marginal.
No se trata de preservar un bien de tan alta estima, como lo es el ambiente sano apelando exclusivamente a la voluntad del empresariado.
La estrategia debe respaldarse en el andamiaje dado por el sistema legal ambiental del país e, igualmente, combinarse con mecanismos basados en el mercado.
De cualquier manera, en momentos en que las cifras oficiales señalan una tendencia al alza en materia de patrones de crecimiento económico –al punto que el país integra un segundo bloque de vigorosas economías emergentes llamado Civets (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Suráfrica)–, es necesario que ese crecimiento se base, más que en misteriosos artificios macroeconómicos, en el despliegue del potencial de nuestras organizaciones y, por tanto, también esté acompañado de crecimiento en los indicadores sociales y ambientales, por ejemplo, mediante la adopción sistemática de PAV por parte de la industria colombiana.
Damián Montes P.
Consultor en temas ambientales
