primera vista, se trata de un caso de esos en los cuales un tribunal protege al inocente David contra el malvado Goliat. No faltan quienes han interpretado así un reciente fallo de la Corte Constitucional que suspendió un desalojo de mineros informales en el municipio caldense de Marmato, y que ordena, además, la celebración de una consulta previa con tales comunidades por parte de la empresa canadiense Gran Colombia Gold. En pocas palabras, parece que el veredicto impidió que el pequeño productor fuera avasallado por la multinacional.
Sin embargo, una mirada más detallada del caso comprueba que las cosas no siempre son como se ven a la primera. Para sus críticos, son precisamente decisiones judiciales como esta las que crean la zozobra que vive el sector minero y energético formal en Colombia. No es casualidad que ocho gremios hayan hecho, hace pocos días, un llamado a los tres poderes públicos para construir un “sistema de estabilidad jurídica” que garantice las reglas de juego que permitan atraer inversiones de compañías que respeten las normas y apliquen las mejores prácticas existentes.
Lo sucedido en Marmato es elocuente. La firma foránea obtuvo hace diez años el título minero que le permite desarrollar una explotación en una zona de tradición aurífera. Ante el potencial del área adjudicada, meses después ocurren varias invasiones, con la complicidad -en más de una ocasión- de autoridades locales. En respuesta, la compañía recurre a los amparos que prevé la ley hasta que Ingeominas ordena el desalojo y cierre de las explotaciones ilegales en el 2010.
'La determinación del alto tribunal crea un clima de inversión más hostil para las industrias extractivas'
COMPARTIR EN TWITTERLa pugna sigue hasta el 2014 cuando los ocupantes alegan, en una acción de tutela, pertenecer a comunidades indígenas y afrocolombianas a las cuales se les han violado sus derechos. Dicha postura acaba siendo respaldada por la Corte que, en la práctica, protegió las actividades mineras ilegales, con lo cual se abre la puerta para que otras conductas similares se repliquen.
Para un país que lucha contra la minería mal hecha -que es muy distinta a la imagen casi bucólica del barequero que mueve su batea a la orilla de un río-, el mensaje no podía ser peor. No hay duda de que las empresas del ramo son mal vistas por la opinión, pero la opción de preferir ‘entables’ que depredan el medioambiente, usan mercurio y cianuro, y, en ocasiones, tienen nexos con grupos al margen de la ley, es peor.
Y es que el resultado es muy distinto al de escoger cerrarle las puertas al sector extractivo, independientemente de dónde provenga, pues lo que le conviene al país es contar con firmas a las que pueda controlar y vigilar. Al mismo tiempo, la administración de Justicia no debe ser un reinado de popularidad ni el escenario de imposiciones ideológicas.
Encontrar a los mismos magistrados en los fallos contra la minería en materia de consultas previas y consultas populares, es más que desafortunado: deja la impresión de que estas decisiones forman parte de un activismo judicial antiminero. El portal digital La Silla Vacía, bautizó a ese bloque de togados como la “bancada verde” de la Corte Constitucional.
Lo sucedido ratifica que hay una falta de claridad institucional sobre el tema. El costo de que eso pase es evidente, pues el ordenamiento jurídico es el cimiento para la toma de decisiones de inversión. Suficientes riesgos y dificultades enfrentan los proyectos extractivos, en lo que atañe a falta de infraestructura o líos de seguridad, para ahora encimarle más arenas movedizas.
El pasivo de la inestabilidad es incalculable y trasciende el ámbito de Marmato. Impacto en la reputación, creciente malestar social en las comunidades, incentivos al comportamiento ilícito y estímulos implícitos a las actividades ilegales, son consecuencias que les pasarán la cuenta a la economía y a múltiples regiones. Una vez más, parecería que el camino del infierno vuelve a quedar empedrado de buenas intenciones.
Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
@ravilapinto
