Uno de los verbos que menos se conjugan en Colombia, por lo menos en el sector público, es el de renunciar. Si bien los funcionarios que ocupan los altos cargos rotan con frecuencia, pocos se van cuando les corresponde asumir una responsabilidad política, así los hechos estén más allá de su control. En eso nos diferenciamos de sociedades en las que se asumen las obligaciones públicas de forma diferente.
Por tal motivo, vale la pena destacar la salida del ministro Tomás González, quien hasta el lunes ocupaba la cartera de Minas y Energía. Su caída tuvo como explicación el aumento de las probabilidades de que el país se vea abocado a cortes de luz en las próximas semanas, algo que era poco factible hasta mediados de febrero.
Lamentablemente, el daño sufrido por la central de Guatapé, combinado con la avería que ocurrió en la térmica más importante de todas, tiene al sistema interconectado en vilo. No solamente el margen de maniobra, si se presenta un nuevo imprevisto, es nulo, sino que el régimen de lluvias necesita acercarse a los promedios normales más temprano que tarde.
Adicionalmente, el plan de ahorro de electricidad está obligado a funcionar. Más allá de los estímulos dados a conocer para quienes reduzcan su consumo, es evidente que la buena voluntad de la ciudadanía juega un papel clave. Aun así, el objetivo de llegar al 10 por ciento suena particularmente ambicioso, sobre todo si se tiene en cuenta que los datos recientes sobre la demanda muestran que esta va al alza y no a la baja.
Dado que la suerte está echada, la permanencia o no de González tiene una influencia menor en el desenlace de esta película de suspenso. De tal manera, su sacrificio es más una muestra de seriedad que de debilidad, en un sector que necesita una recarga de potencia cuanto antes.
Y es que el tema energético y minero exige un permanente liderazgo, aparte de lo que suceda con un eventual racionamiento. Hay iniciativas en marcha que requieren continuidad y correctivos, que deben ser adoptados para evitar problemas futuros.
En lo que atañe a la generación de electricidad, el país está obligado a seguir pendiente del plan de expansión, cuyo adecuado desarrollo es fundamental para la economía de la próxima década. Si algo queda claro de la coyuntura actual es que debemos utilizar nuestras ventajas comparativas, no solo incorporando más térmicas movidas por carbón, sino el uso de fuentes alternativas como el viento o el sol.
No menos importante es la revisión de las condiciones para asegurar la disponibilidad de las distintas opciones de generación, mirando la rentabilidad de cada uno de los eslabones de la cadena. El modelo usado, que indudablemente tiene cosas a su favor, también exige una revisión para fortalecerlo.
Un tercer punto que es crucial es garantizar la calidad del servicio. Los problemas que sufre la Costa Atlántica obligan a que se cumplan las inversiones programadas, y a que los supervisores hagan su labor a tiempo y de forma efectiva. A la lista es indispensable añadir el esfuerzo de ampliar la cobertura eléctrica, pues miles de hogares rurales o en zonas apartadas todavía no están conectados a la red y viven en apagón siempre.
Todo lo anterior deja en claro que quien llegue a ocupar el Ministerio necesita saber del asunto. Aparte de ello, esa persona está obligada a proponer ajustes en las normas para que la minería –que aún contribuye con una proporción mayoritaria de las exportaciones– se adapte a las nuevas condiciones internacionales. Si hoy el problema es de kilovatios, mañana puede ser la pérdida de la autosuficiencia petrolera, en caso de no aplicar correctivos a tiempo.
En conclusión, el espacio para la improvisación no existe. A pesar de que la credibilidad en el Gobierno es baja, la única manera de recuperarla es actuar con seriedad para que el verbo renunciar no tenga que ser conjugado pronto, sino cuando no quede más remedio.
Ricardo Ávila Pinto
ricavi@potafolio.co
@ravilapinto
Editorial
Una muestra de seriedad
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