Ensordecedor. Así es el ruido generado en los últimos días por el eventual acuerdo entre el gobierno Duque y varias colectividades políticas.
La Casa de Nariño habría llegado, o estaría muy cerca, de un entendimiento con los partidos Cambio Radical y La U para que anunciaran su respaldo al Ejecutivo en el Congreso. A su vez, representantes de esos bloques ingresarían al gabinete a ocupar unas carteras ministeriales.
Los rumores identifican no sólo algunos ministerios -Salud, TIC, Interior, Agricultura y Ambiente- sino incluso varios aspirantes que incluyen exmandatarios locales. Si bien los acercamientos no son nuevos y vienen desde el año pasado, hasta ahora no ha habido declaraciones oficiales sobre el tema.
No es para menos. La decisión de un acuerdo de esta naturaleza rompe de frente con el compromiso del presidente Iván Duque de constituir y mantener un gabinete de origen técnico. La narrativa presidencial por un cambio a la “forma de hacer política” viene no solo desde el ejercicio opositor del entonces senador Duque, sino también desde su discurso de posesión. “Trabajaremos con el Congreso en armonía... Pero sin dádivas, prebendas, canonjías o acuerdos burocráticos”.
El costo político de mantener esa promesa ha sido sustancialmente alto. En primer lugar, la incapacidad del Ejecutivo de consolidar mayorías estables en el Legislativo ha impedido la aprobación de muchas iniciativas gubernamentales. Segundo, el origen técnico de la mayoría de los ministros ha dificultado su capacidad para navegar las aguas políticas, no solo en el Congreso, sino también en las regiones y en sus distintos ambientes sectoriales.
Tercero, la apuesta de Duque a este tipo de relación con el Parlamento generó tensiones dentro de la coalición de gobierno que tampoco se siente representada en la mayoría de los ministerios.
Por último, la Casa de Nariño buscó gobernar con el menor número de iniciativas tramitadas por el Congreso. No obstante, hacer realidad la mayoría de las grandes reformas que el país necesita y por las que las presidencias son recordadas requiere esa “gobernabilidad” que emana de los acuerdos políticos.
De llegarse a esa entrada de los partidos Cambio Radical y la U al gabinete, la pregunta clave es a qué costo y para qué. La cuestión del primer aspecto apunta a una de las banderas de Duque y de su partido Centro Democrático: la crítica a la “mermelada” de la administración anterior.
Esta práctica, bautizada así durante el gobierno Santos, fue más allá del clientelismo y la burocracia tradicional, para entregar trozos enteros de la administración y la contratación públicas a políticos a cambio de apoyos parlamentarios.
Aunque las voces críticas a Duque equiparen algunos nombramientos a la “mermelada”, el actual Gobierno está aún lejos de los niveles vividos en años pasados. A pesar de ello, la próxima crisis ministerial de Duque será inevitablemente asociada a este clientelismo y será difícil para el Gobierno explicar su decisión.
La segunda cuestión es el para qué la “gobernabilidad”. Si bien el acuerdo con estas fuerzas políticas se expresa en cuotas del gabinete y burocracia, el primer mandatario podría asumir este alto costo en aras de impulsar una ambiciosa agenda durante este año que cimentaría su legado.
En medio de las protestas ciudadanas y el descontento social, el presidente Duque tendría las mayorías para aprobar algunas reformas pendientes en materia social y económica. Asimismo, podría construir el acuerdo alrededor de blindar la actual senda de crecimiento de la economía.
Las desventajas del “a qué costo” y del “para qué” del acuerdo podrían mitigarse con selecciones técnicas e intachables en los ministerios, con una explicación pública de una ambiciosa agenda reformista y con un monitoreo a la gran contratación. El primer paso para esto es romper el silencio y comunicarlo.
Francisco Miranda Hamburger
framir@portafolio.co
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