Hace pocos días, los ocho gobernadores de la Costa Atlántica oficializaron la creación de la Región Administrativa y de Planeación (RAP) del Caribe. De esta manera, los mandatarios de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar, Córdoba, Sucre, La Guajira y San Andrés estrenaron una figura asociativa entre territorios que contempla la Constitución. Los artículos 306 y 307 de la Carta les da a las RAP autonomía, personería jurídica y patrimonio propio, así como introduce el concepto de RET: Región Ente Territorial.
Aunque fue en esencia un acto administrativo, la RAP encarna la oportunidad para que los departamentos caribeños empiecen a apostarle a proyectos de desarrollo regional social y de infraestructura. Los costeños llegan a este ejercicio tras la experiencia de la RAP de la región central, establecida en el 2014 y que cubre Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Meta y el Distrito Capital. La planeación estratégica de este corte en Colombia, tradicionalmente, ha enfrentado serios enemigos: desde la dificultad de recursos fiscales hasta la miopía de los liderazgos políticos locales.
La costa Caribe cuenta con el peso necesario para apostarle a una regionalización exitosa. Tiene el 12 por ciento de la superficie terrestre del país y en ella habitan más de 10 millones de personas, el 21,8 por ciento de los colombianos. Aporta en promedio 15 por ciento del PIB nacional y su producto regional ha venido creciendo, en términos reales, 3,7 por ciento anual. Por su ubicación geográfica privilegiada goza de buenas condiciones de logística que se reflejan en sus exportaciones, sus conexiones aéreas, su cercanía al mercado norteamericano y su actividad portuaria.
No obstante, la región enfrenta un preocupante rezago socioeconómico y educativo. A pesar de recientes mejoras en indicadores sociales y de una baja en las tasas de desempleo, uno de cada cuatro costeños sigue siendo pobre, superando en más de ocho puntos porcentuales la medición nacional. Investigaciones como las de Adolfo Meisel, codirector del Banco de la República, señalan la baja dotación de capital humano, la ineficiencia del sector público regional y el centralismo, entre otros fenómenos, como causantes de este inocultable retraso.
Otro de los factores detrás de la pérdida del peso de la costa Caribe es la debilidad y falta de legitimidad de su liderazgo político. Si bien los ocho mandatarios regionales estuvieron presentes en el acto de nacimiento de la RAP, la ausencia de vocación de poder nacional de los dirigentes es evidente. Como también lo afirma Meisel, el peso electoral y político del Caribe no se refleja a nivel nacional en los ministerios ni se traduce en liderazgo tecnocrático. La bancada Caribe es la más grande, pero su desempeño legislativo en estos últimos tres año ha dejado mucho que desear.
La RAP Caribe inicia un camino en el que debe probar primero que es capaz de integrar los ocho departamentos y definir las prioridades estratégicas en materia de desarrollo social, infraestructura y productividad. Colombia no debe tenerle miedo a la discusión de la regionalización y a un diseño que fortalezca la autonomía local en algunas áreas del gobierno. Seguir decidiendo desde Bogotá muchos aspectos de las políticas públicas regionales es nocivo y termina convirtiéndose en un impedimento para el desarrollo.
Proteger los departamentos con estructuras económicas vulnerables no puede seguir siendo excusa para no dejar fortalecer a las regiones. El país aún está muy lejos de otros modelos de autonomía regional como el de España que, hoy con Cataluña, está en el centro de una severa crisis constitucional. Sin embargo, la arquitectura legal colombiana debería desarrollar los aspectos pendientes de la Ley de Ordenamiento Territorial pendientes para abrirle la puerta a una estructura regional más dinámica. En el caso de la RAP Caribe, el reto no es teórico, sino práctico: hacerla funcionar rápido y con resultados tangibles.