A juzgar por las reacciones en las redes sociales y en los programas radiales de la mañana de ayer, la mayoría de los colombianos desaprueba la decisión adoptada por Avianca a partir del lunes pasado. Esta consiste en despedir a un número importante de sus pilotos, incluyendo al presidente de Acdac, cabeza del sindicato responsable de la huelga que afectó a la aerolínea a finales del año pasado.
Con base en una sentencia de la Corte Suprema que declaró ilegal el cese de actividades, la compañía inició procesos disciplinarios que posiblemente desembocarán en la salida de decenas de aviadores. Tal como lo señaló la Ministra de Trabajo, no sin reconocer que aspiraba a que la decisión fuera otra, “la empresa tiene facultades para hacerlo”.
Aun así, las críticas no se demoraron. Palabras más, palabras menos, los pronunciamientos se centraron en que la administración de la línea aérea se comportó con excesiva dureza. No faltó quien dijera que el mensaje de reconciliación, surgido tras la firma del acuerdo con las Farc, no tuvo eco en este caso.
Semejantes expresiones contrastan con las de hace unos meses, cuando el paro creó incontables trastornos. Citas de negocios, planes de vacaciones o reuniones familiares debieron ser desechadas o aplazadas por cuenta de la cancelación de miles de vuelos.
En ese entonces las expresiones de rabia se dirigieron en contra de Acdac y su insistencia en llevar el movimiento de protesta hasta las últimas consecuencias, pues ni la etapa de negociación directa llegó a final feliz ni la conformación de un tribunal de arbitramento de común acuerdo pudo concretarse. El pliego de peticiones original contenía excesos que habrían disparado los costos laborales, haciendo inviable la sostenibilidad de la aerolínea.
Ahora los sentimientos son otros. Guardadas las proporciones, la reacción del público se asemeja a lo que se conoce como “el síndrome del raponero”, típico del centro de Bogotá. Cuando un ladronzuelo hace su fechoría, en la calle se escuchan los gritos de “cójanlo, cójanlo”, pero cuando es atrapado y llega la Policía, el clamor es de “suéltenlo, suéltenlo”.
Un comportamiento tan emocional probablemente le daría pie a un psicólogo social para esbozar una teoría con respecto a un país que es ambivalente frente al cumplimiento de la ley. A pesar de que el castigo máximo esté claramente advertido, la reacción popular es quejarse ante la dureza de la pena, como sucede cuando el agente de tránsito decide aplicar la multa por una infracción en lugar de hacerse el de la vista gorda o aceptar otro ‘arreglo’.
Al respecto, no está de más recordar que la huelga que afectó a Avianca –la más larga en la historia de la aviación comercial en el mundo– la votaron 259 pilotos, integrantes de un sindicato de 700 afiliados. La determinación de Acdac golpeó a una empresa que cuenta con cerca de 8.500 empleados y se vio obligada a recortar sus operaciones, dejando a medio millón de personas damnificadas de manera directa.
En cuanto a las finanzas de la compañía, el daño es considerable. Los 54 días de paro desembocaron en menores ventas por 120 millones de dólares y utilidades operacionales de 56 millones de dólares, en lugar de 169 millones en el cuarto trimestre del 2017, según cálculos de la firma. Las metas que se había puesto la administración para el año no se cumplieron, así fuera posible mitigar los daños.
Haber superado la prueba no quiere decir olvidar las responsabilidades. Aunque se puede pensar diferente, el sistema judicial determinó que el paro era ilegal, pues el transporte aéreo se ratificó como servicio esencial, al tiempo que se dijo que un sindicato minoritario no puede afectar a la mayoría. Y si Acdac se jugó el todo por el todo, no les queda más remedio a sus líderes que asumir las consecuencias.
