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Ricardo Ávila
Editorial

Colcha de retazos

La decisión del Gobierno de meter en el congelador el proyecto de ley sobre catastro multipropósito, es una mala noticia para el país.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
POR:
Ricardo Ávila
abril 18 de 2018
2018-04-18 09:05 p.m.
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La semana pasada, el Gobierno Nacional informó que iba a meter de nuevo en el congelador la ley mediante la cual se pretendía ajustar el sistema catastral del país. Tras el aplazamiento, quién sabe cuantos años pasarán para que otra administración se le mida nuevamente a hacer esta apuesta, que en pleno siglo XXI y a puertas de cumplir 200 años de historia republicana, pareciera un problema de un país en formación y no de uno de renta media que aspira a compartir las mejores prácticas y convertirse en miembro pleno en el club de la Ocde.

Como pasa con muchas de las reformas estructurales que son necesarias, la falta de capital político terminó hundiéndola. El problema de la decisión es que, en el contexto actual, con una implementación del acuerdo de paz a medias, no tener un catastro multipropósito nos deja en peor situación que la del pasado.

A fin de cuentas, se trata de la principal herramienta de planeación y organización del suelo. El uso adecuado del instrumento permite homogeneizar la información sobre cómo es un predio, quién es su dueño, cuáles son sus vecinos, para qué lo usa su ocupante, además de cuánto cuesta, y si lo puede explotar, vender o arrendar. Conocer esos datos parece obvio, pero en Colombia andamos a ciegas a este respecto.

Según Planeación Nacional, 28 por ciento de los municipios del país no cuentan con catastro y la radiografía de más del 70 por ciento de los predios está desactualizada. Ante esta realidad, es inevitable preguntarse cómo hay quienes se atreven a invertir en el campo, sin saber si hay limitaciones sobre el uso del suelo, o si puede aparecer un tercero con un derecho legítimo de propiedad.

Muchos dirán que el país ha vivido de esta manera por 200 años y que puede resistir así dos siglos más. Pero la realidad es que el contexto ha cambiado. El acuerdo suscrito con las Farc establece unas pautas para el desarrollo rural, que, de hecho, no eran nuevas, y que pocos cuestionarían. Habla de regularización de la propiedad y acceso a la tierra, de la reducción de brechas sociales entre lo urbano y lo rural, de la generación de bienes públicos, y de la convivencia de la agroindustria y la economía campesina.

Ratifica lo que ya decía la Constitución sobre la necesidad de que la tierra tenga una función social, que no es más que la misma se ponga a producir. Lo que trae de nuevo, es que nos compromete a acelerar dichos procesos. Esto impulsó que el año pasado se tomaran una serie de medidas que, aunque no han pasado la revisión constitucional, empoderaron al Estado para examinar la propiedad rural, y empezar a formalizar y adjudicar predios.

Sin una ley de catastro, las normas expedidas en el 2017 y los compromisos establecidos en los pactos suscritos pueden terminar mal. Hay voces que se quejan de que en su labor de revisión y formalización, la Agencia Nacional de Tierras no esta realizando los debidos procesos de notificación. Hay también historias sobre como, en muchos casos, dicha labor se está reduciendo a pegar edictos en las puertas de las iglesias o a perifonear las resoluciones en las plazas de los pueblos.

Sin una ley de catastro no se está obligando al Agustín Codazzi a transformarse y subsanar, de una vez por todas, las limitaciones que han llevado a que el país tenga un rezago de esta magnitud. Sin una norma, seguiremos condenados a continuar peleando porque un lindero natural se movió o desapareció.

El Gobierno tiene pensado, de manera transitoria, reglamentar leyes que permitirían abordar los problemas mediante decretos o resoluciones. La estrategia, aunque válida, dejaría por fuera los cambios estructurales requeridos para el desarrollo rural. Como resultado de tal intervención tendremos un catastro a retazos, sin que se solucionen de fondo los males que nos aquejan.

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