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Ricardo Ávila
Editorial

El populismo sale caro

La decisión tomada por el Congreso, de rebajar el aporte a la salud que hacen los pensionados, le cuesta mucho a las finanzas públicas.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
POR:
Ricardo Ávila
mayo 25 de 2017
2017-05-25 08:44 p.m.
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No es usual, y menos en el cargado clima de polarización política actual, que una iniciativa sea aprobada de manera unánime por el Congreso. Pero eso fue lo que sucedió con un proyecto de ley que terminó su trámite en la sesión del miércoles pasado, tras ser votado en cuestión de minutos por el Senado.

La razón va más allá de que el texto tenga tan solo un artículo. El motivo real es que se trata de una propuesta a la cual ningún parlamentario, así aspire a seguir en su curul o no, se atreve a oponerse. Con las elecciones legislativas de marzo del 2018 a la vuelta de la esquina, lo que se le quiere mostrar a la ciudadanía son realizaciones populares y esta cae como anillo al dedo.

El texto habla por sí solo: “La contribución mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados será del 4 por ciento de la respectiva mesada pensional”. En la versión que apoyó la Cámara la rebaja –frente al 12 por ciento actual– no tiene límite. En cambio, los senadores la restringieron a aquellos estipendios de menos de cuatro salarios mínimos mensuales.

En ambos casos la cuenta es elevada. Según el Ministerio de Hacienda, el costo de las menores cotizaciones ascendería a 3,3 y 2,3 billones de pesos, respectivamente. Puesto de otra manera, de un plumazo se estarían yendo entre la mitad y la tercera parte de los mayores ingresos que debería generar la reforma tributaria aprobada en diciembre pasado.

Frente a esas cifras, se acude a argumentos que incluyen consideraciones humanitarias. Según esta visión, a los jubilados les queda muy difícil sobrevivir dignamente con lo que reciben y más si el dinero que les llega comprende descuentos importantes.

De hecho, el tema ha estado sobre la mesa casi desde el mismo momento en que se aprobó la ley 100 de 1993, que le dio vida al sistema de seguridad social que conocemos. En repetidas ocasiones, las asociaciones de pensionados exigieron una reducción de su aporte a la salud, con el argumento de que quien trabajó toda una vida no debería asumir cargas excesivas que le golpean su ingreso.

En épocas de campaña más de un candidato ha respaldado la petición, pues los casi dos millones de jubilados que existen son un grupo que se hace sentir en las urnas. Uno de ellos fue el propio Juan Manuel Santos, quien además aceptó que el asunto se incluyera como un compromiso de su administración en una de las discusiones anuales en torno al nivel del salario mínimo.

Debido a ello, puede sonar contradictorio que el Gobierno diga ahora que planea objetar la ley. Pero esa es la decisión del Ejecutivo que debate internamente si invocar razones de inconveniencia o inconstitucionalidad que deberían ser dirimidas por la Corte, en caso de que el Capitolio insista en seguir adelante.

Los argumentos utilizados no son de poca monta. Los aportes a la salud son una contribución parafiscal que es de naturaleza tributaria. Al respecto, el artículo 154 de la Carta Política establece que “solo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno las leyes (…) que decreten exenciones de impuestos”. Como este proyecto tiene génesis parlamentaria, rompería con ese principio.

Otras razones están relacionadas con la no existencia de una fuente sustituta de recursos, o incluso con elementos de equidad. Está probado que el peso más grande que recae en el sistema de salud es el que representan los adultos mayores, por lo cual estos deberían contribuir, al menos, con lo mismo que los asalariados.

En conclusión, lo responsable en este caso es irse por la vía de la responsabilidad fiscal, así a mucha gente le caiga mal la decisión. El populismo legislativo es atractivo, pero sale costoso y puede poner en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas. Haciendo de tripas corazón, a la Casa de Nariño no le queda otro camino que el de quedar mal y preferir que prime el bien común sobre el particular.

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