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Ricardo Ávila
Editorial

En espera del veredicto

El fallo de la Superintendencia en el caso del mercado del cemento debería servir para adelantar un debate interno que permita el desarrollo de la industria local.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
POR:
Ricardo Ávila
octubre 16 de 2017
2017-10-16 08:04 p.m.
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No se ha hecho esperar la reacción del público, tras la publicación del informe motivado de la delegatura para la protección de la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio en relación con el caso del mercado del cemento. El reporte de 400 páginas, recomienda declarar administrativamente responsables y sancionar a Argos, Cemex y Holcim, los tres grandes jugadores del sector en el país, al igual que a un puñado de ejecutivos, con lo cual las redes sociales se han llenado de críticas y descalificaciones.

Si bien falta que el titular de la Superintendencia acoja el pronunciamiento de sus funcionarios, no se necesita tener una bola de cristal para concluir que es elevada la probabilidad de que la entidad imponga castigos multimillonarios a las firmas citadas y algunos de sus empleados. Las pruebas adjuntadas y la argumentación utilizada apuntan en una sola dirección, la de las sanciones, posiblemente muy en la línea de lo que ya sucedió en ramos como azúcar, pañales, papel higiénico o cuadernos. Aun así, no está de más señalar que el fallo debe ser en derecho, más allá de la presión mediática.

En respuesta, las empresas involucradas han insistido en su inocencia. Es de imaginar que si llega a producirse una multa, estas harán uso de los mecanismos previstos para apelar, los cuales incluirían un recurso de reposición y una demanda ante la jurisdicción administrativa cuyo desenlace podría tomar años. De tal forma, aún queda tiempo antes de conocer el final de la trama, así el público considere que las grandes cementeras se pusieron de acuerdo, tácita o explícitamente, para subir sus precios de venta entre el 2010 y el 2012, cuando la demanda de materiales de construcción se disparó en el país.

Mientras arriba el veredicto definitivo, es de imaginar que los conglomerados en cuestión mejorarán sus políticas internas para que no se les pueda volver a acusar de que han interferido con la libre competencia. Las investigaciones del pasado, combinadas con las penas recibidas en un buen número de países en los cuales operan los sindicados, confirman que este es un renglón que está en la mira de las autoridades, casi de forma permanente.

Uno de los motivos es que la ciudadanía es sensible al costo de los insumos que se usan para la construcción. No obstante, tal vez la razón principal es que la industria cementera es esencialmente oligopólica, pues la localización geográfica de las plantas da unas ventajas comparativas naturales, ya que los costos de transporte son factor clave a la hora de atender una región determinada.

Como si esto fuera poco, quien desee entrar a la actividad necesita tener una buena chequera con el fin de hacer inversiones que se tasan en los cientos de millones de dólares. No menos importante es contar con cercanía a las minas que proveen la materia prima utilizada en el proceso, como es el caso de la caliza.

En efecto, es inevitable que las entidades estatales del caso mantengan la rienda corta. Todo sugiere que ese es el caso de Colombia, en donde la labor de la Superintendencia ha alcanzado niveles de sofisticación a la hora de recolectar pruebas y hacer análisis, que en últimas redundan en el bienestar del consumidor.

Adicionalmente es positivo que lleguen otros jugadores, ya sea en el rol de fabricantes o distribuidores. Aquí el esfuerzo es exigir que las importaciones que entran de lugares como Turquía o Grecia cumplan con los requisitos fijados, algo que exige controles más estrictos sobre calidades y sistemas de transporte, además de evitar el conocido dumping.

Todo lo anterior debería permitir el desarrollo de la industria local y satisfacer al público. La contracción del mercado interno es un buen momento para adelantar un debate que apenas comienza y en el que aparecen los pescadores en el río revuelto. Ojalá estos no enturbien más las aguas proponiendo remedios que no sirven.

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