Una de las costumbres que han popularizado los restaurantes de comida rápida es la de los ‘combos’. Por una suma global, el cliente puede adquirir una combinación de plato fuerte, acompañamiento y bebida, ahorrándose algunos pesos frente a la opción de comprar cada uno por separado. Incluso si se desea agrandar la porción o agregar otro elemento, hay ofertas especiales que hacen fácil caer en la tentación.
No es evidente si esa era la intención del Ministerio de Hacienda unos días atrás, cuando les hizo a un grupo de congresistas tres propuestas diferentes, con respecto al contenido del capítulo tributario que estaría incluido en la ley de financiamiento. Es de imaginar que el objetivo de la cita era auscultar la reacción de los legisladores ante opciones que generarían un volumen de recursos distinto, a sabiendas de que la plata no alcanza para cubrir el proyecto de presupuesto del 2019, tal como acabó siendo aprobado el lunes por las comisiones Tercera y Cuarta del Senado y la Cámara de Representantes.
Dado que los plazos son inflexibles, lo lógico es pensar que cuando el tema llegue a las plenarias de las corporaciones mencionadas, el Gobierno habrá destapado sus cartas. En el entretanto, vale la pena examinar las opciones que están en la mente de los funcionarios.
El ‘Combo I’ aumentaría los recaudos netos en 13,5 billones de pesos el próximo año, hasta llegar a 35,8 billones en el 2022. Su plato fuerte sería la ampliación de la base del IVA al 19 por ciento, excluyendo los gastos en salud, educación, transporte, servicios públicos, obligaciones financieras, construcción de edificaciones, actualmente excluidas, y algunas transacciones gubernamentales.
Adicionalmente, habría un salto en la tarifa marginal del impuesto de renta hasta el 37 por ciento, para aquellas personas que ganen más de 450 millones de pesos anuales. La situación fiscal mejoraría también gracias al programa de ahorro en gastos estatales, a un plan de normalización tributaria complementado por una mayor efectividad en la lucha contra la evasión y a un crecimiento más acelerado de la economía.
El salto proyectado en los ingresos permitiría bajar la tarifa de renta de las empresas al 32 por ciento, devolver el 100 por ciento del IVA que estas paguen por compra de bienes de capital, descontar el 50 por ciento de lo cancelado por gravamen a los movimientos financieros y hasta el 20 por ciento de lo correspondiente al impuesto de industria y comercio. A su vez, los colombianos que estén en el grupo que menos gana (deciles uno y dos) tendrían derecho a una compensación monetaria, equivalente al IVA que pagan.
El ‘Combo II’ se diferencia del primero, al proponer un IVA que bajaría gradualmente hasta el 16 por ciento, manteniendo la ampliación de la base. A su vez, el III habla de dejar el tributo en 17 por ciento, de un plumazo. Aunque ambas opciones pueden ser más pasables para el público, los recaudos no serían suficientes, pues ascenderían a 10,4 y 7 billones, respectivamente, en el 2019.
Debido a ello, y para que cuadren las cuentas, la administración Duque debería recortar los beneficios que a las personas jurídicas. No obstante, los especialistas darán el grito en el cielo cuando examinen los supuestos respecto al éxito que tendría la Dian al combatir los evasores, pues el cálculo es que por este concepto el fisco recibiría 17 billones de pesos anuales al finalizar el cuatrienio.
Todo lo anterior, deja la sensación de que a los combos en cuestión les falta no solo sazón, sino ingredientes más fiables. Dado el ánimo de la opinión pública y las expresiones en el Capitolio, en contra de ampliar el IVA, bien podría decirse que el plato de la ley de financiamiento sigue crudo. El problema es que si el IVA no forma parte del menú, al presupuesto del 2019 no le quedará otra salida que la de ponerse a dieta.