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Ricardo Ávila
Editorial

Una cuestión de tiempos

Dos proyectos relacionados con el sector de la energía en Colombia son objeto de una gran discusión, que merece darse con cabeza fría.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
POR:
Ricardo Ávila
febrero 22 de 2018
2018-02-22 09:22 p.m.
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Mientras el país dirige cada vez más su mirada a la carrera electoral, la administración de Juan Manuel Santos sigue empeñada en completar varias de las tareas que tiene pendientes, antes de que llegue el próximo 7 de agosto. Las preocupaciones son grandes en la Casa de Nariño con respecto al avance del programa de infraestructura, que parece enfrentar nuevos obstáculos, o frente a los planes de construcción de aulas escolares, para no hablar de urgencias obvias como la marcha del posconflicto o la avalancha de migrantes venezolanos.

También hay iniciativas que parecen seguir adelante, pero que crean resistencia en diversos círculos empresariales. Dos casos particulares están dando pie a controversias que no son de poca monta e involucran recursos cuantiosos. El tema es muy relevante porque, eventualmente, podría reflejarse en las tarifas de servicios públicos.

El primer punto de debate corresponde a una aspiración regional de vieja data. En el Valle del Cauca han existido quejas de tiempo atrás, porque el gas natural que les llega de los Llanos a consumidores e industriales es caro. Debido a la geografía, el departamento está al final de la cola y se ve obligado a pagar por ello.

En respuesta, tanto la gobernación como los gremios empresariales de la región son amigos de una planta regasificadora que sirva para mejorar la calidad del suministro, trayendo el combustible del exterior. Los que saben del asunto dicen que las inversiones serían de unos 400 millones de dólares.

Por su parte, los productores locales –comenzando por Ecopetrol– dicen que no hay cuellos de botella en la disponibilidad del compuesto, sino en la capacidad de transporte, pues las autoridades del caso no autorizan los gasoductos requeridos. Además, argumentan que el pie cúbico importado sería más costoso que el nacional.

La segunda manzana de la discordia es un decreto que estaría a punto de sacar el Ministerio de Minas, tras haber publicado un borrador y recibido comentarios de los interesados. La disposición busca, ante todo, el desarrollo de las energías alternativas no renovables en Colombia, tales como eólica y solar.

Los motivos detrás de la iniciativa son la vulnerabilidad del país frente al cambio climático y el compromiso nacional de reducir en 20 por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030, suscrito en la Cumbre de París sobre el asunto. El más reciente fenómeno de ‘El Niño’ estuvo a punto de desembocar en un racionamiento de electricidad, por lo cual se justificaría tener opciones para no depender de la generación térmica o hídrica.

Además, contamos con condiciones naturales excepcionales. La Guajira, por ejemplo, registra vientos constantes y altos niveles de radiación que la hacen un sitio ideal para producir energía. Si a lo anterior se agrega que estos son más intensos en épocas de sequía, tendríamos una especie de respuesta contracíclica si escasea el agua.

Al respecto, la inquietud es sobre cuándo será necesario contar con ese seguro. Dado que la demanda de electricidad anda por el carril lento, hay una amplia capacidad instalada que aumentará más a finales de este año cuando Hidroituango entre en operación. El riesgo, señalan algunos, es que nos anticipemos demasiado a contar con una capacidad que no se necesita todavía y que puede encarecer la prestación del servicio.

Evaluar los pros y contra de las dos estrategias señaladas requiere un análisis frío. La necesidad del Valle de contar con el gas natural que requiere, precisa una respuesta que incluya razones económicas de peso y de conveniencia nacional. Lo mismo sucede con las fuentes de energía renovables y no convencionales, hacia las cuales hay que moverse cuando esa necesidad esté bien justificada. La duda es si eso es ahora.

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