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Ricardo Ávila
Editorial

Una empresa bajo asedio

La nueva ola de ataques contra Ecopetrol no solo generará millonarias pérdidas, sino que plantea interrogantes, todavía sin respuesta.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
POR:
Ricardo Ávila
febrero 12 de 2018
2018-02-12 09:27 p.m.
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Al menos en abstracto, es fácil creer que un país que se precia de tener un marco institucional aceptable y cuya principal empresa ve limitadas seriamente sus operaciones por factores externos, se movería con rapidez a solucionar la emergencia. A la luz de sucedido recientemente, ese no parece ser el caso de Colombia.

Dicha conclusión sale de observar a Ecopetrol. En los últimos días, varias de sus instalaciones han estado bajo un verdadero asedio, que incluye destrucción de instalaciones, quema de equipos y amenazas de muerte a sus contratistas. Los ataques, perpetrados por grupos de encapuchados en diferentes municipios del Meta, llevaron a la suspensión del bombeo en tres campos que producen, en conjunto, cerca de 200.000 barriles de petróleo diarios, casi una cuarta parte del total nacional.

La Fuerza Pública no se quedó de brazos cruzados. Cerca de un millar de soldados y policías han venido recuperando el control de diferentes estaciones, con lo cual al cierre de la noche de ayer se habían podido reactivar cerca de 140 pozos de los 800 que llegaron a ser apagados. No obstante, la extracción apenas llegó a 30.000 barriles diarios, con lo cual es fácil hacer cuenta de los millones de dólares que se perderán por cuenta del vandalismo.

Y la solución de fondo sigue pendiente. Lo ocurrido hace unos días es el más reciente capítulo de una historia que lleva demasiado tiempo escribiéndose. En lugar de ponerle un punto final, las autoridades atienden la emergencia del día, pero parecería que cada crisis incuba la siguiente, mientras la intensidad de los desmanes aumenta.

Para los conocedores del asunto, el motivo de la discordia es la aparición de mafias que quieren quedarse con los contratos de compra de servicios, tales como alimentación y transporte. A lo anterior hay que agregar la controversia con las juntas de acción comunal que, en su momento, montaron un esquema para determinar quién pertenecía a una determinada región, con el fin de garantizar el enganche de personal local.

Cuando se vio que la entrega de certificaciones se volvió el negocio de unos pocos, no quedó otra opción diferente a la de acudir a sistemas de mayor transparencia. El lío es que el poder de quienes llegaron a beneficiarse de una especie de monopolio es tal, que han logrado movilizar comunidades enteras haciendo promesas incumplibles. Aquí aparecen actores violentos, incluyendo elementos del crimen organizado, interesados en capturar rentas y quedarse con la gallina de los huevos de oro.

La situación se complica más debido a la llegada de la época electoral. Varios candidatos al Congreso ofrecen puestos a cambio de votos, a pesar de que los directivos de Ecopetrol siguen comprometidos con apoyar al Servicio Público de Empleo a cargo del Sena, el cual busca hacer una selección objetiva de candidatos a un cargo determinado. Frente a esas promesas, es lamentable la actitud de los alcaldes y la propia gobernación, cuyo silencio es elocuente.

Lo anterior se suma al dolor de cabeza del oleoducto que une a Caño Limón con Coveñas y es el principal objetivo dinamitero del Eln. Tras la reciente ofensiva del grupo guerrillero, la tubería completa un mes paralizada, pues hay una decena de puntos afectados.

En consecuencia, hay que prestarle atención al tema, algo que pasa por dedicar recursos de inteligencia y pie de fuerza, para desmontar las estructuras criminales que buscan arrodillar a la compañía. Lo que está en juego no es un tema menor, sino la rentabilidad del principal activo empresarial de los colombianos, cuya buena salud es clave para las cuentas fiscales y la propia marcha de la economía. Ignorar el desafío es arriesgarse a pérdidas todavía mayores, y una nueva oleada de vandalismo que puede desembocar en una verdadera tragedia.

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