1 / 7
Contenidos vistos este mes
Disfrute de contenido ilimitado sin costo
¿Ya tiene una cuenta? Ingrese
Ya completó los artículos del mes.
Sabemos que le gusta estar informado Disfrute de acceso ilimitado al contenido, boletines noticiosos y más beneficios sin costo.
¿Ya tiene una cuenta? Ingrese Volver a la portada
Ricardo Ávila
Editorial

Una verdad incómoda

Así la gente y los candidatos piensen otra cosa distinta, el informe de la Comisión del Gasto Público muestra hechos difíciles de controvertir.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
POR:
Ricardo Ávila
abril 19 de 2018
2018-04-19 08:16 p.m.
http://m.portafolio.co/files/opinion_author_image/uploads/2016/02/09/56ba4e7b94041.png

Tras meses de espera, la Comisión del Gasto Público presentó su informe final, el cual debería ser de lectura obligatoria para los candidatos presidenciales porque su mensaje es descarnado. El reporte muestra que el gasto no es exagerado en Colombia, por lo cual el análisis se centra más en la distribución y eficiencia del mismo. En contra de lo que se escucha en la campaña, el mensaje es que si se desea alcanzar las metas de la regla fiscal para mantener el equilibrio macroeconómico, la ruta no es apretar el cinturón, pues el ajuste llevaría a una severa contracción. Por ello será indispensable pensar en nuevos tributos para elevar los ingresos.

Además, muchos de los subsidios que deben beneficiar a los más pobres, en realidad llegan desproporcionadamente a estratos medios de la población, lo cual debe cambiar.

Los primeros cinco capítulos del estudio abordan temas transversales, donde llama la atención el dedicado a las limitaciones del proceso presupuestal. Resalta en lo institucional la desconexión entre funcionamiento e inversión, reglas diferentes para las regalías, inflexibilidad, debido a las múltiples rentas de destinación específica, mínimos de gastos, impuestos por la ley o la Constitución, y las vigencias futuras. Otro problema grueso es la ausencia de mecanismos para priorizar la asignación del gasto público, hacer un buen seguimiento de su ejecución y realizar evaluaciones de desempeño e impacto.

El punto central es que lo que hace el Estado es mayoritariamente inercial por los compromisos del pasado y la poca discrecionalidad, que se distribuye según la tendencia histórica de participación de los ministerios en el presupuesto. Este último poco refleja las prioridades plasmadas en el Plan de Desarrollo y solo cuando la Corte Constitucional da órdenes, se logran reasignar los recursos. Se requiere capital político para ir hacia algo distinto.

La segunda parte del documento se dedica a examinar los principales rubros: pensiones, salud, educación, defensa y subsidios. No hay duda de que lo que más ampolla generará es el planteamiento respecto al primero, pues el veredicto no podía ser más franco: es crítico marchitar los regímenes especiales de maestros y Fuerzas Armadas, al igual que el de prima media.

Los autores del documento señalan que no es posible continuar con un esquema que demanda una cuarta parte del total de los impuestos recaudados para cubrir faltantes y lograr el pago de las mesadas. Ese taxímetro se debe parar lo más pronto posible, y requiere medidas como un aumento en la edad de jubilación, aumentar la cotización al 18 por ciento y gravar las pensiones elevadas.

Todas estas ideas son impopulares, pero indispensables para la sostenibilidad del sistema, dicen los autores. Así mismo, se debe examinar la conveniencia de un marco de dos pilares, donde el primero garantice a todos los ciudadanos que coticen una pensión mínima. El problema aquí es que si esta es igual al salario mínimo, la solución no sería viable financieramente.

El segundo pilar sería uno voluntario en las AFP para montos por encima del mínimo. Los mayores esfuerzos deben centrarse en la formalización de cerca de la mitad de los trabajadores para que cualquier solución funcione, en términos financieros.

Las demás propuestas son del mismo tenor. Es evidente que en todas primaron los criterios técnicos y no los políticos, pues una cosa es lo que muestran cifras y proyecciones, y otra lo que el público quiere oír. Ante tanta sinceridad, cabe preguntarse si quien reciba las llaves de la Casa de Nariño, el próximo 7 de agosto, tendrá la capacidad de entender el diagnóstico y tomar la medicina sugerida. A la luz de lo que se afirma en la campaña, una cirugía de fondo se ve improbable, pero eso no quiere que la Comisión del Gasto se haya equivocado al hablar de una verdad incómoda.

Nuestros columnistas

día a día
Lunes
martes
Miércoles
jueves
viernes
sábado