Ayer empezó a circular en Venezuela el ‘bolívar soberano’, la punta de lanza de un polémico proceso de reconversión que le quita cinco ceros a la moneda. Con este salto, el gobierno del presidente Nicolás Maduro espera sacar la economía de un hoyo al que el chavismo empujó, con el fracaso de las recetas productivas aplicadas en las últimas dos décadas, como lo reconoció hace poco.
Ya son cuatro años de recesión que dejan una contracción del 47 por ciento del Producto Interno y una hiperinflación que cerrará este año en un millón por ciento, según cálculos del FMI.
En medio de ese escenario caótico, marcado por más de dos millones de personas que han abandonado el país, por cinco millones que habitan en territorios bajo alerta roja por la creciente de los ríos, y por tres millones que viven casi en permanente racionamiento de energía y agua, el régimen intentó explicar el viernes su ‘paquetazo’.
En este, lo más destacado es que ata la economía a un factor externo fuera de su control, como la cotización del petróleo, pero lo hace a través del petro, la no muy confiable criptomoneda del gobierno que tiene un valor que oscilará al ritmo del precio del barril de crudo.
En esa compleja operación, Maduro indicó que cada petro tendrá un valor de 360 millones de bolívares actuales (3.600 bolívares soberanos), lo que quiere decir que por un dólar se pagarán 6 millones de bolívares actuales. Esto es una megadevaluación de 95,8 por ciento de la moneda nacional que la acerca a la tasa del mercado paralelo.
En cuanto a las remuneraciones, la promesa es que se multiplicará por 34 el salario mínimo, es decir, de los 5,2 millones de bolívares actuales se pasará a 180 millones (1.800 bolívares del nuevo cono monetario), en el entendido de que el vigente no alcanza para comprar dos libras de carne.
El problema de un salto así es que las empresas no tienen cómo asumirla, por lo que la administración se comprometió a que el Estado girará por 90 días el diferencial de nómina para pequeñas y medianas industrias. Pero nadie sabe cómo hará, por lo que se prevé una oleada de cierres de negocios que milagrosamente han sobrevivido.
Con el precio de la gasolina Maduro planea otro capítulo inédito, pues es un hecho que subirá a valores internacionales, salvo para quienes tengan el ‘carné de la patria’. La gradual desaparición de los subsidios afectará el orgullo nacional y el censo propuesto hace pensar en un racionamiento de combustible.
¿Valdrá la pena toda la estrategia? El consenso entre los expertos es que no. El pesimismo tiene que ver con varios factores: la certeza de que en pocos meses la hiperinflación licuará este nuevo cono monetario; la existencia de un déficit cercano al 20 por ciento del PIB; la falta de acceso al crédito internacional –pues el país está en default–; y el derrumbe de la producción de petróleo que seguirá su tendencia decreciente: de 2,8 millones de barriles diarios en el 2012, a 1,3 millones ahora.
Tarde llegó el mea culpa del gobierno por estar imprimiendo bolívares sin respaldo para pagar sus cuentas internas y las alzas de los salarios, lo que terminó desbordando la inflación. Con sus medidas, este al fin reconoce que la moneda de referencia es el dólar, pero no el del control de cambios, sino el negro, o como también lo llama: el ‘dólar Cúcuta criminal’.
Por eso, los analistas hablan de una especie de Plan Marshall para Venezuela, que incluya donaciones, créditos, condonación de deuda y una profunda intervención en el paralizado aparato productivo con la presencia de inversión extranjera que espante el ruinoso estatismo bolivariano. Expertos como Ricardo Hausmann hablan de 80.000 millones de dólares, una cifra enorme.
Por supuesto, la condición sine qua non es que Maduro y sus muchachos den un paso al costado. Pero el chavismo parece no tocar fondo. La crisis en Venezuela, tampoco.