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Eduardo Aldana Valdés

La gestión fluvial: ¿debacle o éxito, inefable?

Eduardo Aldana Valdés
POR:
Eduardo Aldana Valdés
enero 24 de 2014
2014-01-24 01:05 a.m.
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En dos columnas del año pasado en Portafolio (El río grande de la Magdalena, 21 /11) y El río Magdalena: ¿para dónde vamos?, 5/12), manifesté mi preocupación porque, so pretexto de mejorar la navegabilidad de nuestra principal arteria fluvial, se estuviera dando en concesión uno de los pocos bienes públicos que nos quedan a los colombianos, y que se hiciera, además, una enorme inversión de recursos fiscales (2,2 billones de pesos) que beneficiaría a unos pocos y no correspondería a las prioridades enunciadas por el Gobierno Nacional.

Recientemente, destacados estudiosos y conocedores de nuestros recursos naturales han dejado conocer sus inquietudes por las aparentes o reales incoherencias entre los propósitos enunciados para justificar las cuantiosas inversiones públicas en varios proyectos fluviales y las consecuencias anticipadas de las mismas.

Son de lectura obligatoria la ponencia de La Comisión de Recursos Hídricos de la Sociedad Colombiana de Ingenieros en el foro Río grande de la Magdalena: mucho más que una vía de transporte; el libro de José Vicente Mogollón Canal del Dique, historia de un desastre Ambiental (El Áncora Editores); la columna en El Tiempo de Manuel Rodríguez ‘El canal del Dique, una obra del siglo XX’ (29-12-13), y el artículo en la revista Anales de Ingeniería (julio-septiembre- 2013) de los profesores Jaime Iván Ordoñez, Luis Alejandro Camacho, Leonel Vega y Gabriel Pinilla, ‘El control activo de caudales en el Canal del Dique: un proyecto incierto y ambientalmente peligroso’.

A los dos proyectos anteriores de Cormagdalena se agrega el de irrigación del denominado Triángulo del Sur del Tolima, en el cual ya se habría invertido medio billón de pesos y se requeriría un monto mayor para ponerlo en servicio, según fuentes informales pues no se encontró esta información en las páginas de Incoder o Fonade.

Los tres proyectos representan una inversión del presupuesto nacional cercana a 4,5 billones de pesos.

Esta suma podría incrementarse si los contratistas solicitan adiciones durante su ejecución.

Son recursos enormes sobretodo en un país con tanta pobreza y desigualdad, los mayores obstáculos para el desarrollo social y la paz.

Los gestores de estos proyectos tienen la obligación de rendir cuentas para demostrar que sus beneficios exceden en mucho a sus costos y que no existen mejores alternativas.

Pero la sociedad y sus instituciones de vigilancia y control no pueden permanecer indiferentes.

Tenemos que aprovechar el proselitismo electoral para exigir a los candidatos que se pronuncien sobre esta situación.

Es también la ocasión para que las universidades y sus facultades de ingeniería exterioricen su genuino interés por la defensa del bien común, y ganarse así el aprecio y el respeto de todos los colombianos.

Eduardo Aldana

Profesor universitario

ealdanavaldes@gmail.com

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