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Emilio José Archila

Por la revisión de las superintendencias

Ya otros gobiernos han intentado eliminar las entidades que no nos hacen falta o suprimir las funcio

Emilio José Archila
POR:
Emilio José Archila
marzo 16 de 2011
2011-03-16 12:59 a.m.
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El escenario: el Gobierno Nacional ha presentado ante el Congreso de la República una petición de facultades extraordinarias para reestructurar el Poder Ejecutivo. Hasta ahora, el debate ha girado alrededor de si se pretende afectar las entidades del poder central o si se quisiera también estudiar los niveles departamental y municipal, y, además de asegurarse de que no habrá un despido masivo de funcionarios. Debo imaginarme que esos temas entrañan alguna relevancia. Pero, mientras entiendo la razón para ello, quisiera desempolvar un aspecto que no necesita de tanta agudeza mental para que deba estar en la agenda de quienes tomarán las decisiones sobre la estructura del ejecutivo: las instituciones de supervisión empresarial. Los antecedentes: gracias a la relevancia y buen nombre que en Colombia, con justas razones, se ganaron las Superintendencias de Sociedades y Bancarias, el esquema se multiplicó en muchísimas áreas y para la más variada gama de temas. El resultado, visto en su conjunto, es bueno: contamos con un sistema de operadores jurídicos administrativos que, con mayor o menor certeza y eficiencia de una superintendencia a otra, pero siempre por encima de lo que sucedería si los temas fueran dejados al arbitrio de la justicia ordinaria, se encargan de aplicar la ley. El dilema: sin embargo, que la generalidad de lo que ha sucedido sea positivo no es, ni cerca, suficiente justificación para mantener todas las entidades de supervisión que hoy existen, ni para confirmarles todas las funciones y facultades con que cuentan actualmente. Por el contrario, cada una de ellas debe ser analizada por separado e individualmente. Cada entidad de supervisión y cada función que se les asigna implica un costo para el sistema productivo colombiano. No sólo porque los empresarios deben sufragarlos, sino porque, obviamente, conlleva trámites y requisitos que adicionan costos de transacción a la operación que se supervisa. Ese costo a veces se justifica y en ocasiones es superfluo o innecesario. Se justifica en casos en que, como resultado del ejercicio de la función, un interés general que no podría ser tutelado adecuadamente por la rama jurisdiccional, se ve protegido; pero será superfluo cuando ese interés no existe o está demasiado diluido. Tener esa claridad es crucial para que contemos con superintendencias fuertes y actuantes en donde se justifica, pero que no encarezcamos el aparato productivo nacional donde no es así. Ya otros gobiernos, tan populares como el del presidente Santos, han intentado eliminar las entidades que no nos hacen falta o suprimir las funciones que no se precisan. Pero sus buenas intenciones se han ahogado en discusiones bizantinas y en preocupaciones por mantener el status quo. ¡Absurdo! Tengo confianza que en esta oportunidad un equipo económico de lujo, como el que está en el Gobierno, sacará adelante una reforma de fondo que nos lleve por el camino de la competitividad y la protección.

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