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Emilio Sardi
columnista

Nuestro Tibisay

Los entes de control deben abrirle investigaciones al registrador, el doctor Galindo, quien pareciera no querer ser llamado Juanca, sino Tibisay.

Emilio Sardi
POR:
Emilio Sardi
abril 24 de 2018
2018-04-24 08:59 p.m.
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El voto libre y honesto es el fundamento de la democracia, y es un derecho de los ciudadanos que debe ser garantizado por un sistema electoral limpio y a salvo de manipulaciones. Lamentablemente, la Registraduría Nacional es una de las entidades menos transparentes en un triste país en el que hasta tres expresidentes de la Corte Suprema de ‘Justicia’ se hallan involucrados en casos de corrupción. Pues bien, esa Registraduría pareciera estar tocando fondo.

No me refiero, obviamente, a las actuaciones del anterior registrador, de ingrata recordación en Cali, cuando, con argumentos estadísticos traídos de los cabellos, quiso bloquear la candidatura a la alcaldía de Rodrigo Guerrero. Ya él y su combo de Purificación no están involucrados en el manejo de la Registraduría. Por lo menos, directamente.

Ni me refiero al reciente fallo del Consejo de Estado, en el que le restituyó al Mira las tres curules que le habían quitado fraudulentamente, con trampas hechas en miles de mesas de votación y con la participación dolosa de muchos funcionarios. O a que, durante ese proceso, los contratistas privados que mediante contratos, de por lo menos dudosa adjudicación, han recibido cientos de miles de millones de pesos de la Registraduría se hayan negado, en abierto desacato de las órdenes judiciales, a entregar información que era clave para la investigación. Como tampoco lo hago al reciente intento de robarle decenas de miles de votos al movimiento cristiano Colombia Justa Libres, para impedirle alcanzar el umbral y despojarlo de varias curules.

Lo que sí es ya el colmo es lo sucedido en las pasadas consultas internas de candidatos a la presidencia. Allí, lo más obvio fue la insuficiencia de tarjetones en innumerables mesas. Y esto con el argumento totalmente falaz de escasez de recurso, cuando gastaron 26.400 millones de pesos en imprimir 30 millones de mal llamados tarjetones, o sea 880 pesos por una simple hoja de papel impreso, cuyo costo real es apenas una pequeña fracción de esa cifra, en un claro ejemplo de cómo se reparten en la Registraduría los dineros del Estado. ¡Ni una sanción ni un llamado de atención para una situación irregular con la que se saboteó a una de las campañas y se les impidió ejercer su derecho al sufragio a miles de ciudadanos! Pero eso no fue lo más grave.

Lo peor, lo realmente de gravedad suma, es que la Registraduría decidió identificar a las personas que participaron en cada una de esas consultas. Esto significa que hoy existen documentos oficiales en los que es posible identificar cuál es la tendencia ideológica de los colombianos que participaron en ellas. Ese registro violó el artículo 258 de la Constitución, así como el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y nos recordó las prácticas usadas en Venezuela para identificar a los opositores del Gobierno en distintas elecciones e iniciativas de participación ciudadana. Lo riesgos de esta situación son enormes.

Por eso, el Consejo Gremial Nacional le ha exigido a la Registraduría la destrucción de cualquier información que pueda conducir a la identificación individual de esos votantes, al considerar que hay riesgo de “una violación al derecho fundamental al sigilo del voto y la libertad del elector”. Y por eso, los entes de control deben abrirle investigaciones al registrador, el doctor Galindo, quien pareciera no querer ser llamado Juanca, sino Tibisay.

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