La precariedad de las instituciones en el territorio constituye la fuente de los problemas nacionales de gobernabilidad, desarrollo social y seguridad. Al amparo del vacío estatal, ocurren las dinámicas de exclusión y conflicto social, surge y se reproduce la violencia, y se usurpa el poder por la ilegalidad.
Resolver esa vulnerabilidad estructural es el desafío crucial del país, para, además erradicar definitivamente las amenazas que todavía lo acechan. Aunque periféricas en la geografía, varias de esas regiones conforman el epicentro del conflicto armado y el narcotráfico.
Poblaciones en los que los grupos armados ilegales quisieron en el pasado y aún intentan arroparse de atributos de Estado.
Las ‘locomotoras de la prosperidad’ deben ser el vehículo para consolidar la institucionalización de las regiones por las que transitan. Mirarlas como meros instrumentos del crecimiento económico o proveedoras de recursos locales será equivocado.
Hacerlo con esa lente cóncava agravará aún más los problemas. El petróleo y la minería movilizan recursos de forma intensiva, y está visto que una abundancia mal administrada y con desorden, desata la codicia y, con ésta, una cadena inagotable de desgracias.
Más que plata, lo que urge es los intangibles, las ‘reglas del juego’, la institucionalidad. El país está lleno de ejemplos al respecto.
Pero estas ‘locomotoras’ tienen también el potencial de abrir las fronteras del Estado de Derecho en regiones que, pese a ser estratégicas, han permanecido marginadas. Eso dependerá de que su actividad se subordine a una concepción política de unidad nacional, en su sentido más profundo: la construcción de los bienes públicos, la instalación de las instituciones en la mente de sus pobladores y la inclusión de los excluidos en las oportunidades del desarrollo.
En otras palabras, junto con su aporte al PIB, el Estado debe poner estos sectores al servicio de la creación de gobernabilidad y desarrollo social en las regiones.
La orientación de estas industrias hacia el fortalecimiento de la soberanía en entornos precarios tiene implicaciones.
La fundamental es un cambio de visión de las autoridades, el sector privado y la sociedad misma, sobre los objetivos de la actividad. No serán solamente los de ‘producción’, sino, primordialmente, los de concebirse como parte estratégica de la realización de los objetivos del Estado en su territorio.
A partir de allí se podrán comprender estas actividades como instrumentos para el robustecimiento de la descentralización y la integración de los niveles de gobierno, revirtiendo la nociva tendencia al mutuo abandono en la que incurrieron Nación y regiones bajo el pretexto de una mal concebida autonomía.
La tercera es reorganizar los roles de Estado y empresas, de modo que sus esfuerzos concurran y se complementen en lugar de sustituirse, entendiendo que estas nunca podrán cumplir las funciones de aquél.
Todo eso requiere una alianza en la que la calidad de los socios esté asegurada: autoridades comprometidas y perseverantes, empresas que incorporen la creación de valor compartido en sus objetivos y ecuaciones de competitividad, y coherencia en los desempeños de unos y otros.
En este buen momento para la inversión extranjera, el Gobierno puede y debería acoger esos criterios para la invitación y selección de sus socios.
Ernesto Borda Medina
Director Ejecutivo de Trust, Consultores
eborda@trust.com.co