La demanda presentada por el Ministerio de Transporte para desactivar la plataforma Uber, representa una verdadera amenaza para el proceso de modernización del país, además de una grave señal de inestabilidad jurídica frente a la llegada de empresas de economía colaborativa basadas en la tecnología a nuestro territorio. El problema de fondo respecto a la demanda instaurada por MinTransporte, radica en que además de Uber, empresas como AirBnb, Spotify y Netflix, entre otras, podrían ser posteriormente demandadas, debido a que retan a sus respectivas competencias del sector tradicional.
Con este tipo de acciones impulsadas por un sector del gobierno, se da pasos equivocados que van aislando a Colombia del mundo y relegando al país del acelerado ritmo de la modernización que proviene de la innovación. Hoy ,existen dos ministerios enfrentados y con discursos diametralmente opuestos frente al tema de Uber, que en el fondo representa una visión sobre el rol que el Gobierno debe tener en cuanto a las innovaciones tecnológicas, a la neutralidad en internet y a la adaptación de Colombia a la era digital.
Demandas como esta, además de decisiones cuestionables como la de aumentar el IVA a servicios digitales, computadores y celulares inteligentes, como ocurrió en la pasada reforma tributaria, y el proyecto de circular de la SIC, el cual no identifica a EE. UU. como país adecuado en la protección de datos seguros, pueden obstaculizar el ingreso de Colombia a la Ocde, una de las más ambiciosas apuestas de la administración Santos.
Pero no es solo el Gobierno, quien envía mensajes equivocados. El Congreso de la República se niega a dar debates de fondo frente a estos temas, lo que resulta en que tenga que ser el sector judicial quien decida acerca de asuntos que pueden desbordar el conocimiento de los jueces al ser relativamente novedosos en el país y sobre los cuales no existe mucha jurisprudencia. Si bien algunas de estas materias tecnológicas son nuevos para el Congreso, y este no es un órgano de sabiduría y experiencia digital, por lo menos allí pueden intervenir más actores y dar debates más amplios y públicos que permiten la participación y opinión de la ciudadanía.
Resulta extraño, y además grave, que dos carteras importantes del gobierno estén enfrentadas ante un asunto que, en ocasiones, tiene más tintes políticos que técnicos, y que de manera inexplicable no se resuelve en el Consejo de Ministros, sino que trasciende al ámbito judicial. ¿Por qué no decide el Presidente de la República estas controversias al interior del gobierno? La posición del Ejecutivo es confusa y contradictoria, pues por un lado habla de querer un país moderno y vanguardista con estándares semejantes a los de la Ocde, pero, por otro, insiste en adoptar medidas proteccionistas y premodernas que pueden condenar a que Colombia sea un país paria en el mundo digital. La participación ciudadana es clave en este sentido, por eso muchos estamos diciendo #NoBloqueoApps.
Federico Hoyos Salazar
Representante a la Cámara
contacto@federicohoyos.com
columnista
MinTIC vs. MinTransporte
Hoy, existen dos ministerios enfrentados y con discursos diametralmente opuestos frente al tema de Uber.
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Federico Hoyos
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