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Félix Londoño

Ley de Educación Superior

El sistema tiene serios desbalances y no está claro cómo se van superar.

Félix Londoño
POR:
Félix Londoño
abril 24 de 2011
2011-04-24 03:40 p.m.
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Una vez anunciada la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992 se abrió la audiencia para discutir su pertinencia e impacto.  Haciendo eco de las palabras del poeta Zalamea: “¡Crece, crece la audiencia! Hay ya silbos de llama en la brasa”.

Veamos algunas razones de quienes ya la objetan al pie de las escalinatas.  Hay cambios sutiles, pero de fondo. La ley vigente “organiza el servicio público de la educación superior”, la propuesta “regula” este servicio. Además, se insiste en que “La Educación Superior es un servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado”.

El Artículo 67 de la Constitución establece que “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social”. Se da un debate sobre la educación como derecho fundamental vs. servicio que linda en lo comercial. El texto plantea la posibilidad de universidades como empresas de servicios de educación superior.

Abierta la puerta, ¿se extenderá el lucro por todo el espectro educativo colombiano? No hay que temerle a las sombras de la realidad. ¡Acaso no estamos inmersos en el lucro de la educación! ¿un lucro en la penumbra umbría? Queramos o no, es el sino del mundo globalizado.

Las universidades son el arquetipo que sustenta las nuevas formas de industria en la sociedad del conocimiento. El lío está en capitalizar el sistema actual, preservando y potenciando los tesoros de la corona. ¿Con qué recursos? ¿Responsabilidad del Estado? ¿Las leyes del libre mercado? Quienes hoy vocean desde las gradas señalan que las cuentas no cuadran, y se discute la autonomía universitaria.

Consagrada en la Constitución, se reitera textualmente en la nueva propuesta. Sin embargo, en el mismo articulado, el capítulo sobre inspección y vigilancia abre las puertas a la regulación. Agréguese a ello que llegado el lucro quien pone la plata pone las condiciones. Tensión entre academia, réditos monetarios y una objetiva calidad del servicio educativo.

La autonomía está en franca lid con las leyes del mercado educativo. Y hay otras espinas. Financiación vía la oferta o a la demanda; y la tradicional entrega de recursos a las universidades públicas vs. programas de bonos educativos para que sean los estudiantes quienes demanden servicios de aprendizaje en el mercado de todas las universidades, públicas, privadas o con fines de lucro; ¿nacionales o extranjeras? 

Es álgida la discusión entre lo público y lo privado sobre el lucro educativo de dineros que provienen de los impuestos. No se puede ignorar el riesgo de los desequilibrios. El sistema tiene serios desbalances regionales y no queda claro cómo se van superar en la nueva propuesta.

El mecanismo de posgrados es muy incipiente, y de momento no parecería nada atractivo bajo la sombrilla del lucro; así que amerita una mayor consideración en la propuesta.  Volviendo con Zalamea: “y aún crecerá la audiencia sobre las escalinatas. Pues no ha finido el censo”

territorial sino nacional, como el caso de la propiedad intelectual.

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