Todavía el país espera el gran diálogo nacional que aborde de forma estructural la situación del campo colombiano y diseñe su transformación, sobre todo en la etapa de posconflicto, que garantice la paz duradera que todos los colombianos anhelamos.
Sin embargo, el presupuesto para el 2015 dedicado al sector agropecuario apenas alcanzará $5 billones o escasamente 2,3% del presupuesto nacional, que contrasta con el presupuesto de la UE 2007-2013, el cual representaba el 35% dedicado a la agricultura más 9,7% al desarrollo rural.
Colombia precisa más que nunca de un sector fuerte en este proceso de paz. El campo necesita de una situación estable y rentable, que permita planificar a largo plazo para invertir, tener acceso a tierras, nuevas tecnologías y mercados, a insumos a precios competitivos y estables, incluidos fertilizantes y productos fitosanitarios, a garantizar la seguridad alimentaria, a luchar contra el cambio climático y a contribuir al crecimiento económico y empleo del país.
Todo esto acompañado de políticas transversales en educación, salud, infraestructura, vivienda, gasto social y desarrollo rural. Se requiere también que los acuerdos de libre cambio negociados respeten de alguna forma la situación de excepción del país.
Muchos agricultores no logran cubrir sus costos de producción o generar fondos internos suficientes para invertir, lo cual desemboca en mayor pobreza y abandono con grandes desequilibrios en diferentes eslabones de la cadena.
Debe fomentarse la concentración tanto de la demanda de insumos como la oferta de productos agrícolas y la integración de los productores mediante la promoción de mercados y cadenas cortas de abastecimiento, impulsando la venta a los consumidores finales mediante ventas directas, cooperativas agrícolas y plataformas colectivas orientadas hacia el mercado.
Apoyo específico debe concederse para planificar su producción y adaptarla a la demanda; concentrar la oferta y comercializar de la producción de sus asociados, optimizar los costos y estabilizar los precios a la producción. Es primordial promover el desarrollo de estas asociaciones para que adquieran mayor peso y poder de negociación en la cadena alimentaria.
Es necesario intensificar las inversiones, incluyendo la investigación en nuevas variedades de cultivo y semillas, prácticas agrícolas sostenibles y modelos de cooperación. Impulsar la innovación, el desarrollo de productos, procesos y servicios de asesoría como la utilización de energías renovables.
Es fundamental reforzar instrumentos en la gestión del riesgo para la garantía de cosechas y precios, y hacer frente a la volatilidad como adecuadas informaciones de mercado y seguro de los riesgos.
La agricultura familiar debe ser retribuida mediante un programa de pagos directos, permitidos por la OMC. Esta es la única manera de competir frente a las retribuciones de agricultores de países con las cuales tenemos acuerdos de libre cambio.
Debe garantizarse la participación de las mujeres campesinas y la necesidad de atraer a los jóvenes para que se incorporen al desarrollo agrícola, solucionando obstáculos como acceso al capital y baja rentabilidad de las explotaciones agrícolas con programas específicos.
La sociedad colombiana debe instar al Gobierno y Congreso para la transformación y viabilidad del campo mediante una profunda reforma y fortalecimiento institucional, respaldado por un presupuesto robusto y consistente en el largo plazo, crucial para garantizar su inclusión regional productiva y social.
Francisco Barnier González
Asesor empresarial
fbarnier@gmail.com
