Como la responsabilidad del comunicador no se detiene al escribir sus notas, es perentorio para él conseguir la excelencia en sus escritos. Por ello debe estar en función de investigación y consecución de datos, e informes que enriquezcan su labor.
Movido por este propósito, revisando algunos papeles, me encontré con una entrevista que Juan Manuel Ospina le hizo hace unos días a Santiago Tobón, destacado economista que ha dedicado buena parte de su vida a explorar el tema agrario.
Por tratarse de una información valiosa que es como un inventario de los datos que se dan sobre disponibilidad de tierras en Colombia, me tomé el trabajo de verterlos en esta nota pues pueden ayudar a aclarar el panorama y, sobre todo, quitarnos de la cabeza mucha de la ciencia ficción que se ha armado en torno a la disponibilidad de espacio físico para la producción agropecuaria. Cuando se habla de tierras, en Colombia de inmediato se dice que sobran.
La cuestión del desarrollo rural y una política de tierras fueron el centro de la conversación. De una vez, ante la afirmación de Ospina: “el tema del desarrollo rural y una política de tierras están indisolublemente ligados”. Para Tobón, es necesario atacar de frente la pobreza rural, donde está la más enquistada y en la cual de manera más rebelde subsiste. El mercado se vuelve un factor determinante para integrar el cambio social. Se pregunta, entonces, si ha habido política de tierras en esa dirección.
La respuesta: para atacar la pobreza del país, una política de tierras es fundamental. La agricultura colombiana podría aprovechar las oportunidades que se le han abierto con los TLC, para lo cual necesita duplicar la cantidad de tierra destinada a la producción agrícola, que hoy, en gran parte, está en ganadería. Este cambio sugiere la recuperación del mercado de tierras y que los nuevos productos tengan quién los compre.
La siguiente pregunta es: ¿cómo es el mapa de la tierra en Colombia, desde el punto de vista de la vinculación a la producción?
En el país hay 140 millones de hectáreas, de las cuales casi 60 están cubiertas con bosques, unos con protección legal, otros no. La Ley 159 había declarado 175 millones de hectáreas como reserva forestal. A la fecha, 53 años después, 20 millones de ellas han sido despojadas de su cobertura vegetal. De ellas, 14 millones han sido sometidas por la autoridad ambiental al proceso administrativo de sustracción de las reservas, quedando en condición de baldíos adjudicables a campesinos hasta la Unidad Agrícola Familiar, según lo establece la Ley 160 de 1994. Los seis millones restantes permanecen como reserva forestal, aunque sus bosques no hayan sido talados.
De otra parte, la producción rural ocupa cerca de 45 millones de hectáreas, de las cuales 5,3 millones están en cultivos y 39,6 millones en ganadería. La minería ocupa más de 8 millones de hectáreas, pero podría sobrepasar los 50 millones de ser confirmadas todas las áreas de reservas estratégicas mineras solicitadas, la mayoría de las cuales se sobrepone a las áreas de actividad agropecuaria y en menor proporción a zonas de reserva forestal (coltán, palatino, uraneo).
De acuerdo con estas cifras, no quedan muchas tierras para titular, baldíos adjudicables y con vocación productiva. ¿Por qué se insiste en las conversaciones en La Habana en que el país tiene una tarea pendiente para darle cumplimiento al mandato constitucional de dotar de tierras a las familias campesinas?
Gabriel Rosas Vega
Exministro de Agricultura
rosgo12@hotmail.com