Al igual que la expresión popular que reza “eres lo que comes”, nuestros ríos son el reflejo de nuestras insaciables necesidades de consumo; y si bien un cambio en las formas de producción y en las costumbres de la sociedad no tendrán lugar en el corto plazo, es necesario tomar medidas urgentes para mitigar los impactos ambientales derivados de las actividades económicas.
En este sentido, el panorama en Colombia es lamentable en materia de descontaminación de sus fuentes hídricas. Apenas el 30% de los vertimientos generados en nuestras ciudades tiene algún tipo de tratamiento, es decir que el 70% restante va directamente a dichas fuentes, con las respectivas consecuencias sobre el medioambiente.
Esta triste realidad obedece básicamente a dos asuntos. Por un lado está el problema financiero, pues por lo general este tipo de proyectos de infraestructura requieren de aportes del Gobierno Nacional para que sean viables; sin embargo, bajo la coyuntura fiscal por la que atraviesa el país, dichos recursos estarán claramente restringidos.
El segundo lío está relacionado con la estructura del sector, y en especial con la descentralización como modelo de gestión.
No podemos escapar a una realidad, y es que en muchos de nuestros municipios no existe la suficiente capacidad institucional para acometer de manera eficiente proyectos de infrestructura.
Debido a la naturaleza de la prestación de los servicios de agua y saneamiento, que por ley está en cabeza de las administraciones locales, se evidencian rezagos en algunos territorios y por tanto encontramos desarrollos desiguales entre municipios, inclusive pertenecientes a una misma región.
Si bien es cierto que en materia de agua potable y saneamiento el modelo ha permitido lograr en la mayoría de las capitales coberturas casi universales, no ha respondido a los problemas ambientales que nos aquejan y, en este caso particular, el tratamiento de aguas residuales.
Desde el sector empresarial vemos las posibles soluciones en dos sentidos.
En materia financiera, no cabe duda de que el Gobierno nacional, a través del Viceministerio de Agua Potable, ha priorizado recursos para la descontaminación de algunas cuencas; sin embargo, hay que hacer más. Se requiere del esfuerzo de la sociedad. Y aquí prefiero citar el caso de Medellín y su área metropolitana como ejemplo nacional, pues la financiación del programa de descontaminación del río Medellín ha sido cubierta exclusivamente por los usuarios del servicio de alcantarillado a través de las tarifas del servicio, lo que demuestra el compromiso de toda la comunidad por recuperar su curso de agua urbano.
Este valioso esfuerzo nos invita a una reflexión: hemos visto cómo en los últimos años ha mejorado notablemente el ingreso de las familias; 4 millones de colombianos han salido de la pobreza, según estimaciones del Gobierno. Gracias a ello, vemos por ejemplo cómo internet y la telefonía móvil han tenido una penetración importante en los hogares.
Entonces, ¿por qué no podemos comprometernos como usuarios de los servicios públicos con un esfuerzo para la descontaminación de nuestros ríos? Con esto pretendemos llevar el mensaje de que el medioambiente por sí solo no mejorará a menos que tomemos acciones que inevitablemente tendrán un importante costo social.
En el caso de los problemas que trae consigo la descentralización, no se pretende hacer un debate sobre los principios constitucionales relacionados con la autonomía municipal. Sin embargo, existen asuntos claves para la sociedad que deberían ser asumidos por el Gobierno central, especialmente cuando su impacto sobrepasa la capacidad de los entes territoriales.
En el caso del tratamiento de aguas residuales, hemos discutido la posibilidad de intervenir la estructura del sector, permitiendo que esta actividad de tratamiento se maneje como se hacen los rellenos sanitarios, y no integradamente con el sistema de alcantarillado; es decir, una oferta por el servicio bajo una óptica regional, y no depender de cada entidad territorial.
Esta condición implicaría que el Gobierno asumiese las labores de planificación de los proyectos para el tratamiento, incluyendo su estructuración financiera, en aquellos municipios o regiones que no hayan logrado avanzar en ese sentido.
Esta iniciativa, por supuesto, implica todo un desarrollo regulatorio del sector y que en principio puede sonar disruptiva y ser controversial. Nos invita a ser imaginativos y a pensar más allá de nuestro statu quo. Aquí cobran vida las famosas palabras de Albert Einstein al señalar: “Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo”. El debate está abierto y desde Andesco seguiremos atentos a su desarrollo.
Gustavo Galvis Hernández
Presidente de Andesco.
columnista
Contaminación de nuestros ríos, ¿hasta cuándo?
El Gobierno nacional ha priorizado recursos para la descontaminación de algunas cuencas, pero hay que hacer más.
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Gustavo Galvis Hernández
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