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Iván Trujillo Pantoja

Claridad legal sobre la Consulta Previa

Iván Trujillo Pantoja
POR:
Iván Trujillo Pantoja
agosto 09 de 2012
2012-08-09 01:00 a.m.
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Colombia atraviesa por una coyuntura de desarrollo favorable gracias a la inversión, el auge mineroenergético, la ejecución de importantes proyectos de infraestructura vial y la expectativa de mayores flujos comerciales producto de los acuerdos de libre comercio.

Pero ese panorama se ve afectado por la precariedad normativa existente sobre ciertas materias, una de ellas, la regulación del derecho fundamental de Consulta Previa.

En esencia, este derecho establece que todo proyecto, obra, actividad o medida administrativa y legislativa que pueda afectar directamente a las comunidades étnicas deberá ser consultada con ellas.

El trabajo no ha sido fácil para la dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, quien tiene el encargo de coordinar y dirigir este proceso.

Las comunidades étnicas en el país representan el 14 por ciento de la población, y la gran mayoría de ellas están asentadas en áreas donde se desarrollan proyectos de gran envergadura.

No obstante, todos estos megaproyectos se podrían encontrar en entredicho, debido a la falta de claridad en el camino que debe seguirse durante el proceso de la consulta.

En la actualidad, el marco normativo para la aplicación de este derecho no ofrece la claridad que se requiere, con el fin de responder a las numerosas dudas que surgen durante cada una de las distintas etapas del proceso.

Adicionalmente, una directiva presidencial del 2010, dirigida a las entidades del sector público, junto con el Decreto 1320 de 1998, dio origen a muchas controversias acerca de su aplicación.

Esto ha llevado a la Corte Constitucional a negar su aplicación, en ciertas ocasiones, y a exhortar por la expedición urgente de la reglamentación requerida.

En relación con las confusiones y los vacíos existentes, pueden mencionarse varios ejemplos: ¿cómo se definen los criterios para determinar cuándo hay una afectación directa a una comunidad étnica?, ¿en qué casos existe el derecho a veto por parte de las comunidades?, ¿qué pasa si se presenta un incumplimiento a los acuerdos generados en el proceso de Consulta Previa?, ¿qué ocurre si las comunidades deciden no asistir al proceso de consulta, o son renuentes?; ¿cuáles son los términos que deben tener cada una de las etapas de la Consulta?; ¿qué hacer cuando una comunidad alega el rompimiento de un punto ancestral en su territorio por cuenta de la ejecución del proyecto?

Si la autoridad tradicional de una comunidad no está registrada en el Ministerio del Interior ¿no puede hacer parte del proceso de Consulta?, y ¿qué pasa con los actores externos que se infiltran en algunas comunidades para alterar o boicotear la negociación por razones políticas y no ambientales, ni culturales?

Estos interrogantes, y muchos otros, se presentan a diario en las consultas. Por eso, es urgente contar con un marco legal integral que evite las incertidumbres e impida que los grandes vacíos jurídicos y de procedimiento afecten los derechos de los distintos actores y se conviertan en una herramienta de presión que frene el desarrollo del país.

Por fortuna, el Gobierno ha entendido la situación y se apresta, al parecer, a presentar un proyecto de ley que acabe de una vez por todas con esta incertidumbre. Solo de esta manera es posible que, con la participación efectiva de las comunidades étnicas, el país avance por el camino del desarrollo sostenible.

Iván Trujillo Pantoja

LL.M Derecho Ambiental y Energético

itrujillo@hotmail.com

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