Se han ensayado todas las formas de lucha contra la corrupción en Colombia. Cada gobierno, desde hace décadas, propone una solución e intenta una fórmula que repite otras anteriores.
Las únicas que no han sido conocidas son las propuestas para este problema.
Lo insólito no es una respuesta desatinada, sino a veces extemporánea. No obstante, ¿no será que el debate en torno a lo extraordinario puede producir ramificaciones insospechadas que, a la postre, den nuevos frutos, a veces inesperados?
La primera propuesta anticorruptora que hacemos será la más difícil: cada vez que un servidor público –categoría que incluye a congresistas– reciba una condena por un delito contra la administración pública (concierto para delinquir, peculado, cohecho, concusión, etc.), perderá todos sus derechos pensionales y su antigüedad; si ya los tiene, deberá devolver lo ganado al Tesoro público hasta que la justicia le rehabilite su falta.
Por ejemplo, ¿no es absurdo que los congresistas de la ‘parapolítica’ se jubilen con las más altas prestaciones del Estado? Ya vendrán los críticos a decir que los derechos adquiridos son invulnerables, o que un homicida culposo puede recibir el mismo tratamiento porque la vida es primero que el hurto de cosas; y que patatín patatán.
Pero, ¿qué tal si existieran nuevas opciones y alternativas del mismo tenor?
De todas maneras esta idea sería tan reveladora que se necesitaría de una asamblea constituyente para aprobarla –con el peligro de que, a la mañana siguiente de sancionada, habría un tremendo revolcón en el país…–, lo cual no sería una mala idea para probar la solidez de nuestras instituciones.
La segunda propuesta es menos compleja y consiste en institucionalizar la cultura del clientelismo.
Eso del roscograma de los amigos, parientes, áulicos y alimentadores es una inveterada tradición heredada de los españoles: ¿no fue un primo bien colocado de Cervantes quien lo presentó a un funcionario de la Casa de Contratación de Sevilla para que lo emplearan como escribiente en la oficina de ultramar en Cartagena?
Lo rechazaron, tal vez por manco, y por eso nos salvamos de que El Quijote se escribiera en la calle de Candilejo.
Si suponemos, entonces, que el clientelismo y el roscograma son una costumbre improbable de erradicar, un remedio parcial puede ser pensable. En alguna ley se diría que todos los ciudadanos tienen derecho a colaborar con sus familias recomendando a parientes y amigos para puestos oficiales –incluso sugerirlos como concejales y diputados–.
Son requisitos: 1) respaldar el nombramiento ya hecho con una garantía bancaria que cubra el equivalente de dos años de remuneración -la cual se haría efectiva en caso de un llamamiento a juicio de su recomendado-, y 2) firmar un anexo por medio del cual se hace solidario de todos los actos del pariente o amigo en cuestión, incluso aceptando, sin reclamar, una reconvención por la equivocada recomendación.
Es deseable que existan muchos colombianos dispuestos a dar esa clase de garantía, asumiendo el riesgo de que algunos honestos dejen de serlo cuando se sumerjan en la pecera sucia.
Pero la medida, o alguna similar, podría ser un disuasivo que, a no dudarlo, quizás permita entre otras la purificación de las listas electorales.
De todos modos, y este es el fondo de las anteriores propuestas, la corruptocracia debería tener unos límites –aunque alguien me decía que el uso de la pólvora y la prostitución también los tiene desde el fondo de los siglos–.
¡Feliz Año Nuevo!
Jaime Lopera
Consultor privado
