En la Cámara de Representantes reposa un proyecto de ley que pretende triplicar el salario mínimo de profesionales y duplicar el de técnicos y tecnólogos.
No es la primera vez que una propuesta de este tipo toca las agendas legislativas de nuestro Congreso, ni será la primera que salga derrotado por la fuerza de los argumentos.
La ingenua pretensión de aumentar coercitivamente los salarios se soporta sobre un indulgente propósito de ayudar a compensar la inversión en capital humano que realizan los individuos que acceden a la educación superior. Sin embargo, la propuesta, lejos de encarnar una reivindicación social de avanzada, resulta inoportuna y altamente inadecuada para el país por múltiples razones.
En primer lugar, un encarecimiento de tal magnitud en la mano de obra es a todas luces incompatible con las políticas de crecimiento promovidas por el Gobierno. Incrementar súbitamente los salarios sugiere desincentivo explícito a la inversión y una tara adicional a la competitividad del país.
Repercutiría, por tanto, en menor formación bruta de capital y una desaceleración del sano ritmo de crecimiento de la economía colombiana.
Adicionalmente, una iniciativa de este tipo, que simula ser solidaria y ecuánime, es por el contrario socialmente perversa. Aumentar forzadamente los salarios profesionales implica imponer un beneficio a unos pocos a costa de la sociedad como un todo.
De aprobarse, el número de familias que reciben ingresos laborales disminuiría y las ya intolerables tasas de desempleo se dispararían, especialmente entre los jóvenes y recién egresados (en oposición a lo que busca la Ley de Primer Empleo). Lo anterior lideraría un indeseable detrimento en la equidad.
Por último, los montos propuestos en el proyecto de ley son arbitrarios y carecen de un sustento teórico o empírico.
Peligrosamente, los cálculos que muestra la propuesta no son más profundos que la aplicación de la tabla del dos y del tres. Las ligerezas en esta materia pueden conducir a irreparables distorsiones en el mercado laboral que dificulten su correcta lectura. Impediría, por ejemplo, que las señales de mercado en favor de más técnicos y tecnólogos se traduzcan efectivamente en una respuesta por el lado de la oferta, toda vez que distorsionaría el precio relativo en favor de los profesionales.
En mi opinión, Colombia debe acelerar el paso de las locomotoras con criterios de justicia y equidad.
Lo anterior sugiere, desde el punto de vista del mercado laboral, generar oportunidades de contratación para más personas sin castigar al empleador. Las mejoras en salario deben provenir de incrementos en productividad, que son los que a la postre sostendrán el crecimiento de la economía colombiana en el mediano plazo, una vez la fiesta minera se termine y comience el guayabo ambiental.
Subir el salario mínimo deteriorando tanto la competitividad laboral del país como la equidad es una propuesta inconveniente, cuyo rechazo demanda tan sólo un mínimo de sensatez.
