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Juan Benavides Estévez
Análisis

Antifragilidad y crecimiento

La cuerda se reventó con la caída de los ingresos petroleros en los dos últimos años y obligó a hacer la reforma tributaria.

Juan Benavides Estévez
POR:
Juan Benavides Estévez
junio 26 de 2017
2017-06-26 05:29 p.m.
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La democracia no garantiza que la sociedad elija buenos líderes, pero preserva una probabilidad positiva de remover a un líder o a su partido al término del periodo de gobierno, si las preferencias del votante en la mediana cambian. Las corporaciones no garantizan buenas inversiones, pero tienen mejor expectativa de preservar la riqueza que las empresas familiares. Estos beneficios políticos y económicos vienen con el costo, imposible de evitar, de responder a las presiones del día a día.

En el mindset de atender lo urgente, los análisis económicos de lo público miran el futuro a través del marco fiscal de mediano plazo, y los accionistas formados en Markowitz ajustan portafolios cada vez que pueden. La discusión sobre crecimiento se concentra sobre cuánto aumentar la inversión pública y en cuánto bajar las tasas de interés. Las corporaciones se ven forzadas a mejorar el estado de resultados inmediato si el previo lucía mal, con medidas que suavizan fluctuaciones, pero que no cambian mucho el promedio de los retornos sobre el capital invertido. El acomodo a los cambios incrementales empobrece los debates sobre el crecimiento económico. Genera una niebla que desestimula mirar cómo sería la economía en, digamos, 10 años. Los ciclos políticos y económicos de corto plazo pueden distraer la toma de decisiones de transformación.

El ajuste macroeconómico es de escasa ayuda para apoyar el crecimiento cuando la estructura de industria –una variable parcialmente controlable por la política pública– ha quedado a la deriva. La manufactura pasó del 20,4 al 11,5 por ciento del PIB entre 1990 y el 2016. Siguiendo las recomendaciones de texto, si las rentas de los bienes básicos se hubieran transformado en capital humano (educación y salud) y en investigación aplicada, es plausible que la manufactura no hubiera reducido tanto su participación en la economía y que el sector de servicios sofisticados hubiera crecido.

Por el contrario, una parte importante de tales rentas se ha ido por tradición a gastos de funcionamiento, reduciendo, de paso, la presión por aumentar el recaudo fiscal. La cuerda se reventó con la caída de los ingresos petroleros en los dos últimos años y obligó a hacer la reforma tributaria, que quedó incompleta por el momento político. La enfermedad holandesa dejó, por un lado, una estela de inercia tecnológica. En el 2015, las solicitudes de patentes por residentes en el país fueron 321, contra 4.641 en Brasil (con población cuatro veces más alta que la nuestra), o 167.275 en Corea del Sur (con la misma población que Colombia), por ejemplo. La enfermedad holandesa también dejó caja para adquirir activos en países de menor desarrollo (se crece comiendo el ‘mango bajito’, como dicen en la Costa). La reducción de los costos generalizados de transporte es de escasa ayuda para aumentar las exportaciones cuando las industrias no invierten en productividad.

Las decisiones para crecer son complejas porque requieren tiempos de gestación superiores a los de los cargos de elección pública para llegar a acuerdos sociales duraderos en, por lo menos, seis grandes frentes: el uso del agua y la energía, la redefinición de los instrumentos de intervención del nivel central en el territorio (infraestructura y recursos no renovables), el tipo de apoyo público a la reestructuración industrial, la redefinición de políticas de innovación, la reestructuración de contenidos y modalidades educativas, y el empoderamiento de los ciudadanos en el entorno de ciudades inteligentes. Avanzar en estos frentes es una tarea formidable que sobrepasa cualquier eslogan y el alcance de un ‘plan de desarrollo’. De lejos, la primera prioridad del país para fomentar el crecimiento es crear antifragilidad. Este término fue creado por Nassim Nicholas Taleb en el 2012 para referirse a la creación de opciones reales que se ejercen cuando el mundo se pone patas arriba. La prima de estas opciones se refleja en inversiones que cuestan, pero que, en un mundo de alta incertidumbre y cambio tecnológico acelerado, tienen como pago la reducción del caldo de cultivo de cualquier populismo y la supervivencia de empresas con capacidad de abandono.

En primer término, la antifragilidad del crecimiento mejora diversificando sectores económicos. El informe ‘Perspectivas Económicas - Las Américas: Historia de dos Ajustes’ del Fondo Monetario Internacional (mayo 2017), documenta que los países de la región con una base industrial más diversa (Chile) se han recuperado de los choques externos mejor que las naciones cuyas exportaciones estaban dominadas por bienes básicos (Ecuador, Colombia). Algunos economistas descalifican cualquier discusión sobre política industrial. El temor a dar ventajas a sectores escogidos a dedo es totalmente justificado.
El capítulo 13 del libro La economía del bien común (2016), de Jean Tirole, articula siete directrices para diseñar una política industrial. Incluye usar expertos independientes y calificados para seleccionar proyectos y beneficiarios de fondos públicos; evaluar expost y hacer públicos los resultados de la evaluación, adjuntar una cláusula de extinción (sunset clause) que prevea el cierre cuando la evaluación es negativa, y hacer que el sector privado asuma riesgos.

En segundo término, y en conexión con la última directriz de Tirole, las empresas deben innovar. Hace ya 10 años, Michael Cusumano identificó cinco áreas de cambio corporativo en tal sentido: plataformas transaccionales y servicios, no solo productos; capacidades, no solo estrategia; un enfoque pull, antes que push de productos; economías de alcance, más que de escala; y flexibilidad, antes que eficiencia. Estas decisiones corren el riesgo de adoptarse cuando ya no hay tiempo de remediar la fragilidad. Todo un reto para los sectores con legados pesados.

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