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Juan David Aristizábal
columnista

Defensa de prestadores de servicios

En muchas entidades estatales los miran como simples cuotas políticas y no como profesionales especializados y generadores de valor.

Juan David Aristizábal
POR:
Juan David Aristizábal
marzo 15 de 2017
2017-03-15 08:52 p.m.
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Laura** estuvo vinculada hasta diciembre del 2016 con la Gobernación de Cundinamarca bajo la modalidad de prestación de servicios. Hoy, en marzo de 2017, lleva esperando a que terminen los trámites para su nuevo contrato y trabaja gratis durante dos meses ya que el empleador desde principios del año le prometió que su contrato está a punto de salir, que aguarde, y que en caso de que decida no esperar, ya será otra persona la que asuma el cargo. Esta situación es la de muchos de muchos colombianos que laboran bajo la modalidad de contratistas.

Ella está en la Gobernación porque tiene un conocimiento especializado. La Ley 80 de 1993 estipula que los contratos de prestación de servicios “solo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados”.

Laura tiene que ir todos los días y cumplir horario, cosa que es más de un empleado que de un contratista.

Las cifras del Ministerio del Trabajo documentan que, por cada 100 empleados de planta en las entidades territoriales, hay 107 por el sistema de contratación de servicios, como se encuentra Laura.

Al 2015 eran 502.000 empleados en entidades territoriales y aplicando la cifra del Mintrabajo tendríamos que 537.000 colombianos están vinculados con contratos de prestación, solo en alcaldías y gobernaciones, a lo que hay que sumarle los cientos de miles del Gobierno nacional.

Esta masiva contratación está trayendo dos grandes problemas: injusticias laborales y una puerta para la corrupción.

La injusticia laboral se presenta, pues los contratistas tienen que cumplir con horarios y actividades, como lo hace cualquier empleado de planta, pero son ellos quienes deben asumir el pago de salud, pensión y muchas veces un IVA altísimo.

Comparten funciones, normas y actividades con los empleados, pero no tienen los mismos beneficios; eso sí, viven con la incertidumbre latente de quedarse sin trabajo cada 3, 6 o 9 meses si no les renuevan el contrato.

Son particularmente graves los meses de diciembre y enero, cuando la zozobra afecta a muchas familias colombianas.

El segundo problema que está presentando el abuso de la vinculación por prestación de servicios es la poca transparencia en muchos de los contratos cuando se hacen justificando posibles trabajos especializados aunque realmente no lo son.

Un ejemplo conocido fue la labor realizada por Natalia Springer, quien fue contratada por la Fiscalía General de la Nación para realizar un informe sobre los delitos cometidos por el Eln. Académicos del país criticaron duramente la metodología y el resultado de las investigaciones presentadas por la contratista ya que no representaba un trabajo especializado.

El masivo número de contratistas también incita al clientelismo. Muchos politiqueros ofrecen y piden contratos cortos para cargos provisionales y prestación de servicios para pagar favores.

Esa politiquería afecta a los mismos contratistas por prestación de servicios que son decentes y cumplen con su deber de construir país. En muchas entidades estatales los miran como simples cuotas políticas y no como profesionales especializados y generadores de valor.

Es hora de acabar con esto. Ya es hora de que el Estado pare de entender la ley como le da la gana y deje de abusar de sus ciudadanos que le presentan un servicio.

Juan David Aristizábal
Analista
juan@estamoscambiandoelmundo.com
**Nombre cambiado

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