Deliberada es un adjetivo que suelen usar chilenos y extranjeros para describir la forma en que Chile maneja sus asuntos comerciales y personales. Esta característica ayudó a Chile a convertirse en el predilecto regional de los inversionistas y un país que marca el paso en desarrollo social.
Hoy, sin embargo, el continente se sorprende al constatar la opinión de críticos, incluyendo a asesores del exitoso primer Gobierno de Michelle Bachelet, que caracterizan como desatinada y precipitada la doble propuesta de reforma de los sistemas chilenos fiscales y educacionales. El costo de la reforma del sistema de educación proviene principalmente de aumentos de recaudo, resultantes de una amplia reforma tributaria.
Chile está entre los países más desiguales del mundo, si se mide por el coeficiente Gini. El gasto público destinado a la educación está por debajo de lo que destinan los países desarrollados y muchos en desarrollo. Las calificaciones conseguidas por sus alumnos son casi las peores de la Ocde, en parte, debido a las deficiencias que entorpecen el acceso a clases preescolares y a la calidad inferior de la enseñanza, obstáculos con que deben lidiar los de menores ingresos.
Varios estudios han demostrado que un sistema de educación de primera calidad, que sea universalmente asequible, es una manera segura de fomentar el desarrollo social.
El consenso respecto de la necesidad de reformar los sistemas de impuestos y los educacionales se deshace en el diseño y los objetivos. Los críticos mantienen que los flujos de inversión se resentirán al imponerse la reforma fiscal y que los cambios al sistema de educación son ineficaces y carecen del elemento más esencial de su éxito: la calidad de la enseñanza. Alegan que las reformas están concebidas para apaciguar las posiciones más izquierdistas de la coalición Bachelet, así como el poderoso movimiento estudiantil.
Entre las propuestas de reforma del modelo educativo, figura la conversión de todas las escuelas privadas receptoras de subsidios en instituciones sin ánimo de lucro y sin derecho a cofinanciamiento, lo cual privaría a las mismas de su libertad de escoger los alumnos. A la vez, la reforma brindaría estudios gratuitos a nivel universitario, sin importar la capacidad financiera del estudiante.
Las características principales de la reforma fiscal contemplan el alza del impuesto sobre la renta empresarial y la obligación fiscal de gravar un porcentaje de las utilidades corporativas en el momento en que se perciben y no al distribuirse, como ha sido el caso. Se abolirá la deducibilidad de intereses sobre la deuda de adquisición.
El Gobierno ha suspendido una ley de vieja data –semejante a algunas que existen en Perú y Colombia– que otorga protección especial a los inversionistas extranjeros porque estima que ellos procederán a invertir aun sin contar con tales incentivos.
Ambas iniciativas pueden ser modificadas en el Congreso por parte de los socios más centristas de la coalición de Bachelet, pero se perciben indicios de nerviosismo en los círculos inversionistas. Por ello, el diario peruano El Comercio insta a ese país a que saque provecho de las propuestas chilenas que afectan el capital inversionista mediante la “toma del liderazgo económico de la región que nuestro vecino al sur probablemente abandonará”.
Ken Frankel
Presidente, Consejo Canadiense para las Américas