El reciente Congreso de Asofondos volvió, como cada año, a abordar los temas de una posible reforma pensional. La Ley 100 de 1993 pretendió eliminar paulatinamente el régimen de prima media (RPM), mediante el cual el Estado garantiza una pensión al jubilado basada en el salario que recibió en los últimos años, sin relación alguna a las contribuciones totales que el empleado acumuló ni a la rentabilidad que la inversión de dichas contribuciones generó. Este régimen es asombrosamente generoso con quienes tienen el privilegio de recibir una pensión; pero, dado su costo para las finanzas del Estado, puede cobijar a tan solo una porción de los mayores y es, eventualmente, inviable, en la medida en que consume porciones crecientes del presupuesto nacional.
La alternativa fue crear las administradoras de fondos de pensiones privados (AFP), en las cuales con un régimen de contribuciones individuales, los empleados irían ahorrando los recursos necesarios para pagar su jubilación. La pensión así determinada está sujeta a la realidad, limitada por el tamaño del ahorro individual y por la rentabilidad de este, que varía de acuerdo a los vaivenes de los mercados de capitales.
Sin embargo, el RPM en vez de ir desapareciendo, se dedicó a atraer nuevos afiliados. La caja inmediata que representan las nuevas contribuciones han aliviado parcial y solo temporalmente las afugias de la entidad gubernamental encargada de estos pagos, antes el Instituto de Seguro Social y ahora Colpensiones. Pero como en este régimen a cada pensionado se le paga mucho más de lo que aportó durante su vida laboral, entre más afiliados atraiga, más pérdidas tendrá en el futuro.
Para los afiliados, en casi todos los casos previsibles, es preferible vincularse a Colpensiones, pues su eventual pensión será sustancialmente más alta. En los últimos cuatro años más de 500.000 empleados han trasladado su vinculación pensional a Colpensiones. El ritmo es creciente, y durante los primeros meses del 2016 la cantidad ha sido 20 por ciento superior a la del año pasado. Lo más grave es que como el RPM es especialmente pródigo con los altos asalariados, estos representan una gran parte de los traslados, debilitando el desarrollo de las AFP y aumentando las pérdidas futuras de Colpensiones.
El régimen pensional colombiano es actualmente una gran fuente de inequidad. Se utiliza el 25 por ciento del recaudo tributario de todos los colombianos para pagar el privilegio del 1’200.000 pensionados del RPM, en el cual a su vez, los 200.000 beneficiarios de las más altas pensiones reciben más de la mitad de este gasto. Es el mundo al revés.
La reforma pensional no da espera, y los pasos que se deben dar son claros, simplemente consultando los objetivos de cobertura, sostenibilidad y equidad. La reforma debe disminuir inmediatamente los beneficios del RPM reduciendo la ‘tasa de reemplazo’ (el porcentaje del último salario que cubre la mesada), aumentar la edad de jubilación a los 65 años para hombres y mujeres y, buscar una cobertura del 100 por ciento para las personas mayores de 70 años, así sea con unas pensiones muy reducidas, de manera que todo adulto mayor en Colombia tenga algún tipo de ingreso. La reforma pensional es más urgente que la tan anunciada reforma tributaria y debe precederla: antes de imponer más impuestos sobre una economía deprimida se debe demostrar que se pueden controlar y racionalizar los gastos destinados al privilegio de unas pequeñas minorías.
Louis Kleyn
Consultor empresarial
louiskleyn@hotmail.com
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