En el marco de la crisis económica y financiera que está sufriendo Europa, Chipre es un caso especial dentro de la Unión Europea (UE), pues la economía del país se ha apoyado en un sector financiero que resultó muy voluminoso.
En efecto, este ramo creció de manera desproporcionada en los últimos años, alcanzando niveles de más de 7 veces el valor del PIB del país.
Teniendo en cuenta las características y los retos únicos a los cuales Chipre se está enfrentando, las medidas excepcionales que se han adoptado para intentar resolver sus problemas no podrán ser usadas como solución automática para lidiar con otros elementos de la crisis financieras dentro de la UE.
En julio del 2012, la Comisión Europea (CE) empezó a negociar con las anteriores autoridades chipriotas la implementación de medidas para intentar transformar y mejorar la situación del sector bancario.
Pero en ese momento no se progresó, dado que las autoridades no veían factible adoptar decisiones drásticas para su economía ni comprometerse con las medidas requeridas en el programa propuesto por la CE.
Con el nuevo gobierno chipriota, la CE y la Eurozona han hallado una solución viable con el objetivo de reestructurar el sector financiero y su modelo de negocios. La decisión acordada pretende restablecer la prosperidad para los ciudadanos chipriotas y la viabilidad de su economía a través de un modelo de crecimiento más sostenible.
Las autoridades europeas y chipriotas están convencidas de que si las acciones son implementadas de forma adecuada, Chipre tendrá los mecanismos para lograr, a largo plazo, las metas mencionados.
El propósito es resolver la crisis actual y permitir al país fortalecer su sistema bancario para que pueda prevenir y gestionar posibles crisis futuras.
Para hacer frente a los problemas actuales y restablecer un clima económico favorable, Chipre tendrá que asumir un impacto económico y social inmediato muy severo. Los ciudadanos chipriotas tendrán que hacer concesiones importantes para reestructurar y volver a un nivel viable de su sector financiero, y el país tendrá que hacer esfuerzos importantes para poder restablecer la confianza en los sectores afectados.
En lo que respecta a los depósitos bancarios, la solución acordada prevé que solo los importes superiores a 100.000 euros se vean afectados por estas medidas, mientras que los depósitos por debajo de este umbral serán salvaguardados.
Además, para evitar una huida masiva de capitales y garantizar la estabilidad del sistema financiero, las autoridades han adoptado medidas sobre la restricción de capitales. Estas están previstas de manera temporal, proporcionada y no discriminatoria para asegurar la estabilidad de la economía chipriota y volver a un modelo económico próspero.
Aunque, según algunas estimaciones, se prevé una caída del 10 al 15 por ciento del PIB chipriota en los próximos dos, la UE es más optimista, ya que los resultados económicos de Chipre dependerán, en gran parte, de la manera como se implementa el programa, así como de factores políticos.
Sin embargo, la UE no ha abandonado su espíritu de solidaridad con sus miembros y ha previsto movilizar fondos para facilitar y ayudar a las autoridades chipriotas a hacer frente a los efectos sociales de este choque económico, además de monitorear y asegurar la máxima eficacia del impacto de las medidas, gracias a un plan de asistencia técnica sustancial.
Las decisiones se han adoptado pensando en el interés común de la UE, de la Zona Euro y, en particular, de los ciudadanos de Chipre para reconstruir y restablecer estabilidad financiera y la confianza por parte de los inversores y mercados.
Cualquier otra decisión alternativa habría sido mucho más severa y menos justa para sus ciudadanos.
María Antonia van Gool
Embajadora, jefe de la Delegación de la Unión Europea en Colombia.