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María Sol Navia V.
columnista

La responsabilidad de los gobernantes

Gustavo Petro, en desarrollo de su ideología antisector privado, desarrolló un modelo de recolección de basuras contra todos los conceptos de conveniencia, eficiencia, eficacia y efectividad.

María Sol Navia V.
POR:
María Sol Navia V.
febrero 13 de 2018
2018-02-13 09:01 p.m.
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Una de las características de muchos de nuestros gobiernos a nivel nacional, departamental y municipal es preocuparse por los resultados de sus respectivos periodos de ejercicio, sin asumir las responsabilidades derivadas de sus decisiones y su gestión. Y cuando hablan de proyecciones o hacen planes de largo plazo, es debido a la necesidad de comprometer recursos de vigencias futuras en el desarrollo de la obra o programa que desean capitalizar como de su gestión.

Un caso palpable es el vivido en estos días con la situación de las basuras en Bogotá. Independientemente de las fallas que haya podido tener la administración actual en la solución de la crisis presentada, es necesario buscar cuáles fueron los orígenes de la misma. El gobierno de Gustavo Petro, en desarrollo de su ideología antisector privado y de estatización de todos los servicios y la propiedad de las empresas que los prestan, desarrolló un modelo de recolección de basuras contra todos los conceptos de conveniencia, eficiencia, eficacia y efectividad, excluyendo las firmas que venían prestando el servicio de manera satisfactoria, por el solo prurito de hacerlo con una empresa estatal. Para desarrollar su proyecto creó dentro de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Aseo Bogotá (EAAB), Aguas de Bogotá, dedicada a tal fin.

De esta forma, en diciembre del 2012 generó una inmensa crisis sanitaria al adoptar dicho modelo, importó carros recolectores de basura de segunda mano, que llegaron llenos de desechos, como pudimos ver en los noticieros de televisión; muchos de estos vehículos estaban dañados y no pudieron prestar el servicio para el que habían sido adquiridos.

La Contraloría de Bogotá sancionó al exalcalde por daño patrimonial de más de 30 mil millones de pesos, debido a la compra de dichos equipos. De igual manera, la Superintendencia de Industria y Comercio impuso multas al exalcalde y a funcionarios de Aguas de Bogotá y a la EAAB por diseñar e implementar un sistema de recolección de basuras con desconocimiento de lo establecido en la Constitución, en la 192 de 1994 y en el régimen de protección de la competencia. Adicional a todas las actuaciones ilegales que sustentaron su decisión, los resultados financieros de Aguas de Bogotá fueron catastróficos, con pérdidas de miles de millones de pesos acumulados.

En respuesta a las sanciones decretadas por la justicia y los órganos competentes, el exalcalde acudió a actuaciones típicas de abuso del derecho, a través de la ‘tutelatón’, generando consecuencias negativas al sistema judicial colombiano y sentando un pésimo precedente para otros gobernantes que, al incumplir sus deberes, encuentran la forma de eludir sus responsabilidades legales.

Pero no fue solo el caos generado en ese momento, ni el detrimento patrimonial y las pérdidas, sino que el desastre del modelo ha mostrado también sus resultados en la crisis actual, cuando Aguas de Bogotá no cumplió los requisitos de la licitación internacional que permitió la adjudicación de los contratos para la prestación del servicio. Debido a que la empresa quedó por fuera, algunos de sus trabajadores –muchos de los cuales estaban en proceso de ser empleados en las nuevas empresas, realizaron actos vandálicos sobre los equipos, llevando a la ciudad al caos presentado.

Los antecedentes de un gobernante muestran su estilo para imponer su criterio, sin respeto por otras instancias del Estado y sin asumir el compromiso con los costos y los perjuicios derivados, comportamientos totalmente antidemocráticos.

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