La corrupción nos desbordó, se comió el país, y ya lo que sentimos es impotencia para lograr desterrarla. Sobran los escritos, las propuestas, los números de lo que representa, a tal punto que hay análisis que muestran que si la corrupción no fuera del tamaño que es, no se hubiera necesitado reforma tributaria. Es decir, todos perdemos y mucho.
Pero quiero hablar sobre otra cara de ese horrible flagelo, que causa inmensos daños a la institucionalidad y a la confianza de la ciudadanía, y desde luego al erario público. Me refiero a los falsos testigos, que conllevan un terrible agravante, afectan o terminan con la vida de personas inocentes, inciden en los resultados de los procesos políticos, cambiando, en ocasiones, totalmente el devenir del país, y manchan cada día con mayor rigor la cara de la justicia.
Los ejemplos sobran, empezando por todo lo que rodeó la investigación por la muerte de Luis Carlos Galán, la falsa imputación contra Alberto Jubis Hazbún, preso injustamente cuatro años, lo que finalmente acabó con su vida, o por el crimen contra Álvaro Gómez Hurtado, cuyo asesinato permanece en las tinieblas; en ambos casos, las investigaciones se desviaron a través de falsos testigos, logrando la impunidad y la oscuridad sobre todo lo que rodeó dichos magnicidios. Otro caso aberrante, y mucho más reciente, fue el que, a través de falsos testigos, involucró a Luis Alfredo Ramos, un líder indiscutible de origen antioqueño, que logró en su momento la mayor votación para el Senado de la República, convirtiéndose en presidente del órgano legislativo, exministro, exalcalde y exgobernador, con una carrera profesional y política brillante, con muy buenas posibilidades frente a una candidatura presidencial que ya estaba planteada. Fue acusado falsamente, privado de la libertad por más de tres años y, por consiguiente, separado de su familia, de su actividad profesional, sus ingresos y, desde luego, de la campaña política, sacándolo a codazos cuando podía haber sido una carta ganadora, y otros podrían haber sido los resultados de la campaña del 2014.
¿Quién le devuelve el tiempo perdido, quién le devuelve la honra lastimada y, en algunos casos, irreparablemente, quién devuelve a Colombia la oportunidad de un giro en el manejo de sus destinos? ¿Cuál fue y sigue siendo el costo para su familia y para su futuro personal y laboral? Además, quienes creían en sus propuestas políticas se vieron también privados de la oportunidad de contar con una alternativa posible y viable.
Se han dado muchos casos de personas injustamente confinadas por años y tiempo después se comprueba que fueron presunciones o acusaciones falsas. Cuál es el costo para el país por demandas de inmensos perjuicios causados, que terminamos pagando todos arbitrariamente, sin que los responsables de los abusos y de los sesgos políticos, en muchos casos, respondan por su grave falta. Este es un tema muy espinoso porque no solo trae posibles demandas millonarias, sino porque el daño injusto que se hace a una persona honesta es casi imposible de reparar, de la misma manera que se pierde el respeto por la justicia, lo que conlleva necesariamente a mayor delincuencia y corrupción.
Ojalá que el ingreso a la Fiscalía de un profesional estructurado, experimentado y serio, logre acabar con ese entramado montado de falsos testigos, falsas imputaciones y desviación de las investigaciones para lograr la impunidad y el daño a personas honestas y, presumiblemente, enemigas, y que la Justicia Especial para la Paz no llegue a convertirse en un aliciente adicional para este horror.
María Sol Navia v.
Exministra de Trabajo
msol.navia@gmail.com
columnista
Otra cara de la corrupción
Ojalá que el ingreso a la Fiscalía de un profesional serio, logre acabar con ese entramado montado
de falsos testigos.
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María Sol Navia V.
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