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Mauricio Cabrera Galvis

Corruptos sin coruptores

La estrategia contra la corrupción en Colombia debe ir mucho más allá que el Estatuto propuesto. Est

Mauricio Cabrera Galvis
POR:
Mauricio Cabrera Galvis
marzo 21 de 2011
2011-03-21 07:05 p.m.
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Colombia es campeona en la innovación en materia de justicia penal. En el caso de la ‘Yidispolítica’, nos inventamos la figura del cohecho onanista, pues Yidis y Teodolindo fueron condenados por haber vendido su voto para la fraudulenta y dolosa aprobación de la primera reelección de Uribe, pero no hay condena alguna para quienes los compraron. Algo similar sucede en el escándalo de los contratos del Grupo Nule, donde hay sobornos onanistas. Ya hay funcionarios públicos condenados por haber recibidos comisiones, y pronto serán castigados otros, pero los que aceptan haber pagado los sobornos para comprar las multimillonarias licitaciones y apropiarse de los recursos públicos hoy posan de víctimas y aún no tienen procesos penales en contra. Por alguna extraña distorsión de valores, la sociedad colombiana rechaza y sanciona a los corruptos, pero es tolerante con los corruptores. En lugar del aforismo agustiniano, según el cual es igual de culpable el que peca por la paga que el que paga por pecar, aquí las pocas veces que actúa la justicia en casos de corrupción, los sancionados son los funcionarios públicos corruptos, mientras que existe una casi total impunidad para los que pagan por pecar, sean estos empresarios privados o ministros del despacho. El proyecto de Estatuto Anticorrupción que se está discutiendo en el Congreso presenta algunos pequeños avances para corregir esta distorsión, por lo menos en lo que se refiere a la contratación pública, pues se imponen restricciones para contratar con el Estado a las empresas privadas que hayan incurrido en actos de corrupción, así como a las que hayan financiado campañas políticas para presidentes, gobernadores o alcaldes. La solución es incompleta porque también debería cobijar a los que financien las campañas de congresistas, diputados y concejales, pero por supuesto muchos congresistas que reciben plata de contratistas privados no van a legislar contra sus propios intereses particulares. Ya se ha visto cómo varios parlamentarios, en su mayoría conservadores, se han opuesto a diversos artículos del Estatuto, tal vez porque los afectaban directamente. Sin embargo, la estrategia contra la corrupción en Colombia debe ir mucho más allá que el Estatuto propuesto. Este ataca las manifestaciones de la corrupción y aumenta las penas para algunos delitos, pero es necesario ir más allá y atacar los factores que causan e incentivan la corrupción. Aquí hay dos frentes de trabajo: la reforma política y las normas sobre contratación pública. En el campo político hay cuatro factores que han aumentado la corrupción más allá de sus justas proporciones: la circunscripción nacional para el Senado, el voto preferente, la elección popular de alcaldes y gobernadores y la reelección presidencial. La primera, porque elevó los costos de las campañas electorales, induciendo a los políticos a buscar recursos de cualquier origen, inclusive lícito. El voto preferente convirtió a los partidos políticos en una simple suma de barones electorales, cada uno con su propio feudo de votos cautivos, que también deben mantener invirtiendo sumas millonarias que después deben recuperar buscando contratos o puestos para sus financiadores. La elección popular de mandatarios locales es un gran avance de la democracia, pero no se puede desconocer que no sólo descentralizó la corrupción, sino que la incrementó, porque coincidió con un gran aumento de los recursos administrados por los mandatarios locales por las regalías y el Sistema General de Participaciones. La pregunta acá es si es posible fortalecer los entes de control regionales para disminuir este flagelo, o si debe cambiarse el sistema de elección local como lo ha planteado Daniel Samper. En cuanto a la reelección, es claro que siempre será una fuente de corrupción la posibilidad de que un mandatario nacional o regional tenga la oportunidad de utilizar el presupuesto público para su propio beneficio, que pueda adjudicar contratos y repartir la burocracia oficial para comprar adeptos.

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