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Mauricio Cabrera Galvis
columnista

La coca: ¿erradicación o sustitución?

Tumaco es un ejemplo que muestra las complejidades y dificultades del programa. Es el municipio con mayor área de coca –23.000 hectáreas–.

Mauricio Cabrera Galvis
POR:
Mauricio Cabrera Galvis
septiembre 04 de 2017
2017-09-04 09:11 p.m.
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Después de décadas de estruendosos fracasos de programas de erradicación forzosa de los cultivos ilícitos –tanto manual como con fumigaciones de glifosato–, el país tiene que buscar otros medios para disminuir la producción de hoja de coca. Es lo que trata de lograr el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (Pnis) creado en desarrollo del punto 4 del acuerdo de paz con las Farc.

Son conocidas las cifras del fracaso de la erradicación forzosa. Luego de fumigar 1,2 millones de hectáreas (Has) de coca en una década, el área sembrada solo se redujo en 14.000 Has, y hoy se produce en el país la misma cantidad de cocaína que a principios del siglo; los narcotraficantes han logrado aumentar la productividad de las siembras y la transformación.

La explicación está en una sola palabra: la resiembra. Para los campesinos cultivadores es una cuestión de supervivencia, y si no tienen cultivos alternativos para generar ingresos, pues van a volver a sembrar coca, bien sea en el mismo sitio donde se erradicó o, peor aún, tumbando bosque para sembrar en otras partes.

El objetivo del Pnis es complementar la erradicación con la sustitución de cultivos. Para ello se trata de promover acuerdos colectivos con familias que se comprometan con la sustitución inmediata de los cultivos de coca, a cambio de subsidios monetarios que les garanticen un ingreso mínimo por dos años. El objetivo es vincular 133.000 familias que deberán erradicar unas 120.000 Has de coca.

Como dar plata no es suficiente, el Pnis se ha planteado, en el contexto de la reforma rural integral, que incluye la asistencia técnica para el desarrollo de los nuevos cultivos y la ayuda en la comercialización de sus productos, pero, además, la provisión de bienes públicos (vías, riego, salud, educación, etc.) que permitan lograr la necesaria, y tantas veces aplazada, transformación del sector rural colombiano.

Los resultados iniciales son positivos. En el primer semestre de este año, se firmaron 34 acuerdos colectivos, que incluyen unas 75.000 familias que deberían llegar a erradicar un total de casi 80.000 Has. Según declaraciones del vicepresidente Óscar Naranjo, a la fecha se han logrado erradicar unas 35.000 Has, que representan el 70 por ciento de la meta planteada para el 2017.

Los desafíos son enormes, pues se trata de garantizar que no se vuelva a la resiembra de coca. El reto financiero es cuantioso –unos 4 billones de pesos de costo directo–, pero la plata no es el principal problema. Mucho más difícil es lograr la coordinación de las diferentes agencias del Estado, nacional, departamental y municipal, que deben interactuar para lograr la implementación exitosa de los PDET (planes de desarrollo con enfoque territorial) y la provisión de bienes públicos que soporten el desarrollo rural.
Además de la resistencia y oposición –incluso armada y violenta– que harán los narcotraficantes para evitar que se les acabe el suministro de su materia prima.

Tumaco es un ejemplo que muestra las complejidades y dificultades del programa. Es el municipio con mayor área de coca –23.000 Has–. Si se supone que en promedio es una familia por hectárea, y que por lo menos cada familia la componen 4 personas, se tiene que unas 90.000 personas viven de la coca en ese municipio, que tiene 205.000 habitantes, y unos de los mayores índices de pobreza.

Ofrecer alternativas rentables y sostenibles a esas familias implica una transformación profunda de la estructura económica del territorio. La sola erradicación forzosa de los cultivos no soluciona el problema.

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