A menos de tres semanas de que termine el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, su promesa de cumplir “el sueño que tenía Bolívar en el Río Magdalena” y sacarlo adelante después del escándalo de Navelena, aún sigue en veremos. Digo ‘aún’, porque en el Caribe guardamos la esperanza de que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, tenga la voluntad política de citar al Confis en los próximos días y se materialicen los recursos para la asociación público privada (APP) de una obra considerada estratégica para el país.
Una de las dificultades expresadas por el presidente Santos en el foro ‘Recorrido por las APP’, es el tema de las vigencias futuras, pero con la ampliación del cupo para el sector transporte hecho por el Conpes a mediados de junio, lo único pendiente sería la aprobación del gobierno entrante “dado el costo del proyecto”, como manifestó el mandatario. En ese sentido, no debería haber mayores inconvenientes en el proceso de empalme si se tiene en cuenta que durante la campaña, el presidente electo Iván Duque, señaló que “tiene que ser una victoria temprana del gobierno, el avanzar en esa navegabilidad que también requiere un manejo integral de las cuencas”.
En los últimos días, los medios de comunicación han hecho eco de la llegada y el comienzo de las operaciones de la draga Uilenspiegel, para el dragado en el canal de acceso al Puerto de Barranquilla. Hoy, esa es la única propuesta que tenemos para navegar con limitaciones, pero de forma regular, así que no son más que pañitos de agua tibia. Necesitamos soluciones a largo plazo. De ahí nuestra insistencia al Gobierno Nacional de que deje funcionando la nueva APP estructurada por Cormagdalena.
La APP no es un capricho de los costeños, es una megaobra que integra con el menor costo, kilómetro a kilómetro, a 19 departamentos que están unidos al Magdalena (además de los 13 ribereños, cuento también a Guajira, Norte de Santander, Córdoba, Valle, Risaralda y Quindío). Se podrían transportar hasta 15 millones de toneladas por año (en el primer semestre de este año; según las cifras de Cormagdalena, va en 1,5 millones de toneladas). Los ahorros en el costo del transporte pueden llegar a US$10 dólares por tonelada en el trayecto Barranquilla-Bogotá, así que si se tiene en cuenta la movilización de 100.000 contenedores, podría haber un ahorro en fletes hasta de US$22 millones de dólares al año. Hoy solo Ecopetrol tiene un ahorro de $60.000 millones al año en los 12 millones de barriles que transporta por el río. Y qué decir de las oportunidades para las más de 40.000 familias de pescadores que dependen de este producto para subsistir. Con la navegabilidad del río garantizada, lograrían volver a extraer 80.000 toneladas de pescado frente las 5.000 que sacan hoy.
El camino es largo, por eso las decisiones hay que tomarlas ya. A cada día que se demore el gobierno en dar vía libre a la APP del río, hay que sumarle, por lo menos, 18 meses que contemplan desde la apertura del proceso licitatorio hasta el inicio de la etapa de construcción, más los dos años que duraría dicha construcción. Si hoy se tomara la decisión, la navegabilidad del río se lograría solo hasta 2022. Esperamos que el gobierno no siga dilatando una obra vital para hacer de Colombia un país más competitivo.
Carlos Rosado
Director Ejecutivo de la CCI de Barranquilla