Después de analizar la ineficiencia del sistema pensional y su inefectividad para otorgar protección económica a la población mayor colombiana, podemos encontrar la causa de esta falencia en los aspectos fallidos de su diseño.
Veamos primero los esquemas contributivos. Por un lado, el Régimen de Prima Media (RPM), de carácter público y administrado por Colpensiones, funciona bajo una lógica de solidaridad intergeneracional, donde los actuales trabajadores pagan las prestaciones de los actuales pensionados. El problema es que en un contexto de informalidad y envejecimiento poblacional, y considerando la alta generosidad del sistema, las contribuciones que recibe el sistema quedaron cortas ante los costos, por lo que el Estado ha tenido que entrar a financiar su gigantesco déficit, 4 por ciento del PIB anual.
Esto implica que el Estado subsidia a los trabajadores formales de mayor ingreso, que son los que obtienen las pensiones más altas.
Por otro lado, tenemos el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais), a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de carácter privado. La ventaja de este sistema es que depende del ahorro alcanzado por el individuo y no de subsidios externos, por lo que es considerado actuarialmente justo. Sin embargo, el Rais también adolece de fallas estructurales. Primero, al no estar subsidiadas, las pensiones del Rais son sistemáticamente menores que las del RPM. Segundo, los riesgos económicos, políticos y jurídicos de otorgar una pensión estable en un contexto cambiante, han llevado a la ausencia de un mercado de rentas vitalicias. Tercero, existe una alta concentración del mercado, pues solo hay cuatro AFP que manejan el ahorro de los colombianos. Cuarto, los mecanismos de solidaridad internos como el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, se cobran a todos los cotizantes y tienen requisitos muy estrictos de acceso, lo que los ha despojado de eficacia y convertido en un impuesto al trabajo, con efectos regresivos y perversos sobre el mercado laboral.
Ahora, en lo referente al componente no contributivo, que incluye los programas de Colombia Mayor y de Beneficios Económicos Periódicos (Beps), el gran obstáculo es la focalización: tanto el Sisbén como el requisito de ganar menos de un salario mínimo son mecanismos inadecuados, y se han vuelto barreras administrativas que excluyen gran parte de la población que debería verse beneficiada. Adicionalmente, aunque la cobertura de los subsidios de Colombia Mayor se ha expandido sustancialmente, el presupuesto no ha crecido, lo que ha llevado a una fuerte reducción del beneficio por persona en los últimos años; y si bien el programa Beps se ha consolidado administrativamente y crece en número de afiliados, las cifras de ahorro voluntario siguen siendo pobres.
Pero más allá de las fallas de cada sistema por separado, el verdadero problema es que todos estos componentes funcionan de manera separada e independiente, actuando como sustitutos entre ellos. Así, mientras el RPM y el Rais compiten, focalizándose en la misma población formal y sin capacidad de aumentar su cobertura, tanto Colombia Mayor como Beps exigen que no se cotice a pensiones. En otras palabras, hace falta la visión de un sistema integral, y es hacia allá adonde debe dirigirse cualquier propuesta de reforma pensional.
David Forero
Investigador de Fedesarrollo