En sus primeras declaraciones, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla ha dejado entrever que entre las prioridades del nuevo gobierno estará el diseñar y proponer pronto una reforma al sistema pensional. Dado que esta se hace una vez cada generación, quisiera compartir tres pensamientos en esta materia.
El primero es sobre la financiación del nuevo sistema. La sociedad colombiana no puede darse el lujo de dirigir más recursos al gasto en pensiones, que tiene un efecto distributivo regresivo y ya canaliza 28 de cada 100 pesos recaudados en impuestos (4 por ciento del PIB anual). El mismo sistema debe cofinanciar y sostener cualquier gasto adicional. Para esto, es necesario reestructurar –no eliminar– las cotizaciones del régimen público, acotar los subsidios otorgados por el Estado dentro de un pilar básico, de un salario mínimo, y buscar gravar las pensiones más altas con impuestos para ser redistribuidos sobre la población de menores ingresos. Los mecanismos de solidaridad, como el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, se han convertido en tributos al trabajo que funcionan de forma regresiva, y no es conveniente basar el nuevo sistema sobre elementos que han contribuido al fracaso del actual.
Segundo, va a ser difícil encontrar en una reforma a los regímenes contributivos, cualquiera que esta sea, una solución de largo plazo al problema de cobertura pensional. La única medida con efectos en cobertura sería igualar las semanas de cotización requeridas en ambos regímenes –unificándolas desde 1.300 a 1.150–, lo que mejoraría el acceso a la población que ha ahorrado más de 20 años en el sistema. Pero, en un mercado laboral como el colombiano, con altísima incidencia de la informalidad, todo esquema contributivo se estrellará contra una barrera estructural, al no ser capaz de acoger al 62 por ciento de trabajadores informales. Por esto, el esfuerzo de expansión de cobertura tiene que complementarse con el fortalecimiento y expansión de los pilares no contributivo (Colombia Mayor) y semi-contributivo (Beneficios Económicos Periódicos -Beps).
El tercero, y quizás más importante, es que el nuevo sistema debe estar basado en fomentar el ahorro propio de la población. Todo colombiano debe poder tener acceso a un mecanismo de ahorro para su futuro. Hoy, esto no sucede, pues el sistema pensional solo permite contribuciones a empleados de más de un salario mínimo y con un contrato laboral definido. Afortunadamente, el programa Beps permitiría brindar este acceso: la flexibilidad de ahorro que ofrece –con aportes desde 5.000 hasta 990.000 pesos– y el subsidio que recibe del Estado –20 por ciento del ahorro– es una facilidad que debe ser ofrecida a todos los trabajadores por fuera del sistema pensional, y no ser restringida bajo complejos mecanismos de focalización como sucede ahora. Además, los Beps podrían canalizar todas las devoluciones de saldos/indemnizaciones sustitutivas, convirtiendo en una renta mensual estos pagos que hoy se hacen de forma única. Si esto se complementa con una universalización del subsidio Colombia Mayor a toda la población rural, y un mecanismo explícito de integración de los dos programas, se podría lograr un sistema de protección a la vejez con una cobertura significativa de los trabajadores informales, lo que más necesita Colombia.
David Forero
Investigador de Fedesarrollo