Si un aspirante a la presidencia quisiera concretar su lista de buenos propósitos para la inevitable reforma tributaria del 2018, le someto a su consideración estos cinco, reconociendo que las resoluciones de año nuevo no son fáciles de honrar:
1. No crear impuestos nuevos, sean permanentes o los supuestos tributos ‘temporales’ que tienden a renacer. Los cantos de sirena de un nuevo y distorsionante gravamen a la riqueza deben ser desoídos, y debe revertirse la proliferación de cargas al consumo, que generan verdaderos perdedores y socavan la neutralidad y eficiencia de un impuesto de ventas (IVA) de amplia cobertura.
2. No aumentar las tarifas de los gravámenes vigentes. En particular, la insuficiente desgravación del Impuesto de Renta para empresas al 33 por ciento debe consolidarse, especialmente considerando un escenario tributario internacional con competencia aún más feroz, azuzada por la gran reducción de la tarifa empresarial en Estados Unidos del 35 al 21 por ciento por ciento. En cuanto al IVA, el comodín de aumentar la tarifa al 19 por ciento ya se utilizó, con efectos transicionales de freno al consumo e incentivo a la evasión, por lo que pretender aumentar la tarifa no tendría viabilidad alguna.
3. Reducir significativamente las exclusiones y exenciones del IVA. Afrontar el reto de una ampliación significativa –sugerida por la Comisión de Expertos– implica tomar el toro por los cuernos de un mecanismo de subsidio directo a la población de menores ingresos, que cuente con un sistema eficiente y blindado al clientelismo y corrupción. Este mecanismo buscaría financiar el sobrecosto del IVA a bienes y servicios que pasen a estar gravados, y que al gravar a sectores de mayor capacidad adquisitiva permitirán fortalecer la progresividad del impuesto. Esta es la clave para inmunizar al IVA de las tradicionales satanizaciones políticas.
4. Fortalecer a la Dian. No se puede tener un sistema tributario sofisticado y robusto con una Dian arcaica y débil. La Comisión del Gasto alertó en su informe que “las proyecciones del gobierno consignadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2017, que muestran un aumento persistente en el recaudo, dependen de forma crítica de los ingresos provenientes de la formalización de la economía y los esfuerzos de gestión de la Dian”. Si se pretende combatir la evasión en serio y disminuir la informalidad, el esfuerzo presupuestario en esta entidad debe incrementarse sustancialmente, acompañado de exigentes indicadores de gestión y productividad, e intensificar los controles masivos con recursos humanos y tecnológicos idóneos, en vez de la zona de confort de concentrar el recaudo y la fiscalización en pocos grandes contribuyentes.
5. Fortalecer los derechos del contribuyente. En esta década se ha fortalecido el arsenal legal de la Dian, asumiendo la falaz premisa de que los funcionarios fiscales no abusarán de sus mayores poderes. Así como la legislación está repleta de mecanismos que presumen que el contribuyente incumplirá, corresponde diseñar frenos y contrapesos tangibles –por ejemplo, Tribunal Administrativo independiente–, que prevean el riesgo de abusos por parte de la Dian y que los prevengan eficazmente. El fair play en la cancha fiscal no solo debe garantizarse a favor de un equipo.
Confío en que con estos buenos propósitos, el nuevo presidente no tenga que impulsar más de una reforma tributaria, y que proporcione así la estabilidad apropiada para un mayor crecimiento económico.
Eric Thompson
Socio Regional de KPMG