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La defensa de la competencia

Nuestro actual régimen normativo de competencia tiene 26 años, y desde entonces la mayoría de sus normas han permanecido prácticamente inalteradas.

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abril 10 de 2018
2018-04-10 08:28 p.m.
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Nuestro actual régimen normativo de competencia tiene 26 años, y desde entonces la mayoría de sus normas han permanecido prácticamente inalteradas. Tipifica conductas prohibidas y agrupa una serie de disposiciones que pudieron ser la respuesta adecuada en sus inicios, cuando comenzó aplicarse el sistema de libre competencia, pero no consulta ni recoge la evolución vertiginosa que ha tenido esa disciplina en Colombia y en el mundo.

La importancia y complejidad que ha adquirido el tema, el incremento exponencial del monto de las sanciones, el amplio despliegue que alcanzan algunos casos en los medios con grandes costos reputacionales para empresas y particulares, señalan la conveniencia de transformar el esquema para acoger un proceso más garantista y revisar a fondo la estructura actual de la autoridad de competencia, la lista de conductas restrictivas y el procedimiento administrativo que debe regir la investigación para aplicar sanciones, en aras de dotar al régimen de un mínimo de certeza jurídica y de garantizar la legitimidad de las cuantiosísimas sanciones que hoy impone la autoridad.

Son cambios profundos que deberían ser fruto del análisis, diálogo y debate del Estado con los particulares, para concertar una reforma legal e institucional decantada y validada que sea útil para superar las falencias de un modelo que ya cumplió su ciclo. Hay necesidades inaplazables como garantizar la independencia entre quien instruye la investigación y el que la adopta, la conveniencia de crear un cuerpo colegiado que se dedique a fallar los casos de competencia y cuyas decisiones sean resultado de la discusión rigurosa entre varios comisionados o magistrados, y asegurar la comparecencia y las garantías de los investigados ante la autoridad que decide, que sean escuchados en igualdad de condiciones respecto al organismo que instruye la investigación.

En el actual esquema hay una concentración de responsabilidades y funciones. Además de prevenir y reprimir las prácticas restrictivas de la competencia, tarea que de por sí es titánica, la autoridad de la competencia tiene a su cargo las funciones de aprobar las integraciones empresariales, hacer cumplir las normas concernientes al habeas data, la defensa del consumidor, tareas de metrología y vigilancia del cumplimiento de los reglamentos técnicos, vigilancia del control de precios en sectores como el farmacéutico, vigilancia de las cámaras de comercio y el registro de las marcas y patentes. Tiene además funciones jurisdiccionales en materia de competencia desleal y consumidor, sin contar las facultades de abogacía de la competencia que implican pronunciarse sobre las normas que expida la administración pública que puedan afectar competencia, todo en cabeza de un solo funcionario de tercer nivel y libre nombramiento y remoción del presidente de la República.

Este sinnúmero de actividades tan heterogéneas como complejas debería evolucionar hacia una autoridad focalizada en la función de garantizar la defensa de la libre competencia, tarea cada día más compleja y sofisticada.

Finalmente se habla de la necesidad de criminalizar las infracciones al régimen de competencia. Comparto al respecto la posición de quienes sostienen que la criminalización de estas conductas debe ser la “última ratio”, y que la ruta correcta es seguir afianzando la cultura de la competencia, para lo cual la autoridad debe promover y apoyar los programas de cumplimiento en las empresas.


Gabriel Ibarra Pardo
Presidente, Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia

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