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Un asunto de vida o muerte

Un primer paso crítico –diría urgente–, es la implementación de una política pública para usar gas natural y electricidad como opciones de movilidad.

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marzo 04 de 2018
2018-03-04 04:22 p.m.
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A finales del año pasado, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció que la tasa de homicidios en Colombia en el 2017 era la más baja en 40 años, se ubicaba en algo más de 11 mil muertes; sin duda, un gran avance, teniendo en cuenta que en el 2000 tuvimos alrededor de 25 mil muertes violentas. Esto demuestra que cuando los temas son parte central del debate nacional, como ha sido el caso del conflicto interno y de la seguridad ciudadana, los gobiernos toman las decisiones adecuadas y los resultados se ven.

En el caso opuesto tenemos un tema del cual poco se discute y es la calidad del aire en las ciudades. Según datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en Colombia se produjeron 10.527 muertes prematuras en el 2015. Es decir, las muertes por este concepto ya están en niveles similares a los homicidios, pero con el agravante que la tendencia es creciente. Además, el DNP calcula que los costos para el sistema de salud, ocasionados por la mala calidad del aire, son de 1,93 por ciento del PIB nacional.

Los contaminantes del aire, producto de la actividad humana son varios. No obstante, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el de mayor afectación para la salud humana es el material particulado fino (PM 2.5), el cual penetra en el tracto respiratorio e incrementa la mortalidad por enfermedades e infecciones respiratorias, cáncer de pulmón y algunas enfermedades cardiovasculares.

El material particulado fino se produce principalmente por la combustión del carbón, el diésel y la gasolina, y por un parque automotor viejo con tecnologías de altas emisiones. Las ciudades colombianas, con sus buses, camiones, volquetas y carros chimeneas –sometidos a trancones interminables–, e industrias consumiendo carbón, son escenarios ideales para acumular niveles altísimos de dicho material. La OMS recomienda mantener niveles máximos promedio año de 10 microgramos por metro cúbico, pero la norma colombiana hoy permite un máximo de 25, y a partir del 2030 un nivel de 15.

Preocupa que varios sectores de urbes como Bogotá, Medellín y Cali muestran mediciones de material particular fino por encima del nivel permitido en Colombia, y la mayoría de ellas superior a la recomendación de la OMS. Peor aún, pareciera que el cumplimiento de la norma fuera opcional, pues muchas ciudades no se molestan en medir la concentración de este material.

Es imprescindible que, tanto el Gobierno Nacional como las principales capitales del país tengan planes concretos y medibles que permitan mejorar la calidad del aire que respiramos.

Para reducir el material particulado fino en las metrópolis, necesitamos reemplazar carbón, diésel y gasolina por energéticos de bajas emisiones. No podemos esperar 20 años para reducir una tasa de 10 mil muertes al año. Un primer paso crítico –diría urgente–, es la implementación de una política pública clara y precisa de usar el gas natural y la electricidad como opciones de movilidad. Este cumple integralmente con los criterios técnicos, operacionales y de competitividad económica para este fin.

No podemos seguir aceptando que se renueve la flota de buses de los sistemas de transporte público a diésel y los llamen ‘ecoamigables’. No debemos permitir que decisiones con inmensas repercusiones en la salud pública recaigan solo en los transportadores. La ciudadanía debe exigir mayor liderazgo por parte de nuestros gobernantes. Es un asunto de vida o muerte.

Orlando Cabrales Segovia
​Presidente de Naturgas

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