Pocos días después de la segunda vuelta en Colombia, el 1 de julio México elegirá su nuevo presidente. Y al igual que en nuestro caso, se trata de una elección polarizada. Por un lado, los candidatos del establecimiento del PRI y el PAN. Por el otro, Andrés Manuel López Obrador, de izquierda, liderando con amplio margen las encuestas, ante su más inminente contendor, Ricardo Anaya, del PAN.
López Obrador ha sido repetidamente candidato por el progresismo mexicano, habiendo sido alcalde de la capital y perdiendo las elecciones presidenciales contra Felipe Calderón, a pesar de haber partido como favorito. En estos comicios su favoritismo se ha mantenido en las encuestas y, a la fecha, no está claro que pueda ocurrir algo similar al 2006. Sus propuestas se han expresado con mayor fuerza y certeza, y mantiene el margen que le otorgaría la victoria. En lo económico, estas incluyen: mayores requerimientos de “contenido local” en proyectos de infraestructura y energéticos, subsidios para asegurar “seguridad alimenticia” y apoyo explícito para pequeñas y medianas empresas.
Dicho lo anterior, el verdadero cambio radical que propone AMLO, como se le conoce, se relaciona con el sector energético. Después de muchos intentos y fuerte oposición, el gobierno del actual presidente Peña Nieto logró una radical reforma a ese sector, reduciendo el papel de la estatal Pemex y permitiendo e incentivando la inversión privada y extranjera en hidrocarburos. A eso se suman reformas de apertura en el sector eléctrico.
AMLO y su partido político, Morena, proponen reversar dicha reforma. En primera instancia, con un referendo en ese sentido, dado que las mayorías en el Congreso no le alcanzarían al posible nuevo mandatario. En cualquier caso, ha anunciado no continuar con las rondas para atraer inversionistas privados, y querer fortalecer de nuevo el rol de Pemex. En ese sentido, AMLO no se plantea reducir el papel del petróleo en la economía, por ahora, pero sí volver a un esquema más estatizado, con una empresa pública fortalecida. A lo anterior, se suma otra promesa de campaña, que sería la congelación de los precios de la gasolina. Este punto interesa más en el marco de las preferencias populares. Muy posiblemente, como mecanismo más directo, se establecería que Pemex, como principal vendedor de combustibles en el país, proceda en ese sentido. Sin embargo, ello afectaría las finanzas de la principal firma estatal y podría debilitar el propósito de que Pemex retome un papel primordial en las actividades de exploración y producción.
El caso mexicano refleja similitudes con Colombia. Se enfrentan visiones de política económica muy distintas y la polarización se ha venido concibiendo como continuismo vs. reformismo. Sin embargo, el empresariado mexicano ha expresado su temor por los anuncios de AMLO, y considera que podrían llevar a una crisis económica en el corto plazo. Dicho lo anterior, algunos mexicanos ven en López Obrador la respuesta indicada y necesaria a los planteamientos del vecino del norte. Creen que es quien de manera más contundente se podría enfrentar a Trump y sus pretensiones de renegociar el Nafta y de limitar las exportaciones y la inmigración proveniente de México. El caso mexicano refleja una señal de inconformismo y el llamado a un cambio radical con tintes populistas. Así que si por acá llueve...
Rafael Herz
Vicepresidente Ejecutivo de la ACP.
