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Theresa May sigue moviendo sus líneas rojas

Los expertos coinciden en que la separación va a tener un costo económico no despreciable.

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marzo 07 de 2018
2018-03-07 08:11 p.m.
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El tiempo vuela. El parlamento británico y el europeo tendrán que aprobar las leyes con las condiciones del divorcio a más tardar el 29 de marzo del 2019. Como los trámites en la Unión Europea (UE) son muy largos, los europeos han manifestado que para cumplir con esa fecha necesitan culminar la negociación a más tardar en otoño de este año.

La percepción que tienen hoy los británicos de lo que significa el divorcio es muy distinta a que tuvieron cuando votaron el referendo. Los expertos coinciden en que la separación va a tener un costo económico no despreciable: Londres perdería el liderazgo como plaza financiera, muchas empresas se mudarán al continente para seguir gozando de las ventajas del mercado único europeo, e inevitablemente habrá fricciones en el flujo comercial.

Por eso ya hay voces, como la de Tony Blair, que piden que se celebre un nuevo referendo, en el cual los británicos puedan votar a conciencia con información más completa que la que tenían hace 20 meses.Para minimizar esos costos y cumplir con el deseo de los británicos de recuperar su soberanía en materia comercial, el gobierno de Theresa May quisiera tener todos los beneficios de la libre circulación de mercancías y prestación de servicios, pero sin las obligaciones de carácter reglamentario que eso entraña; los europeos le han respondido con el proverbio inglés: you can’t have the cake and eat it.

La propuesta que May acaba de hacerles a los europeos sobre la futura relación comercial, apunta a tener un comercio bilateral con el mínimo posible de obstáculos y proporciona detalles sobre lo que significaría un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Reino Unido, similar al TLC entre la UE y Canadá, pero plus, plus, plus.
Reiteró que no quiere tener una unión aduanera (tener los mismos aranceles de la UE frente al resto del mundo), pues eso significa perder soberanía (en una unión aduanera, la política comercial del Reino Unido la fijaría la UE) y le ata las manos para negociar acuerdos comerciales.

Los europeos ya pusieron, en forma jurídica, lo que acordaron las partes en diciembre del 2017: un periodo de transición desde la entrada en vigor del divorcio hasta el 31 de diciembre del 2020; el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Europea de Justicia durante ocho años; los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea en el Reino Unido y viceversa; el reconocimiento de que el divorcio le genera al Reino Unido un pasivo que se estima en 60 billones de euros (pensiones de jubilación, entre otros.

El problema más difícil de resolver es el tratamiento a la frontera entre Irlanda del Norte (que pertenece al Reino Unido) y la República de Irlanda (que pertenece a la Unión Europea).

La renuncia del Reino Unido a la libre movilidad de personas y mercancías dentro de la UE, supone la instalación de controles fronterizos, lo cual significaría regresar a la época de la guerra civil entre esas dos poblaciones. Nadie quiere una frontera dura.

La solución de la UE es que Irlanda del Norte pertenezca a la unión aduanera, lo que quiere decir que en esa parte del territorio del Reino Unido se aplicarían las normas comerciales de la UE y no del Reino Unido.

“Es inaceptable”, respondió May, y a cambio, propuso eximir de controles a las micro, pequeñas y medianas empresas; y para las grandes planteó diseñar un proceso simplificado basado en operadores comerciales de confianza.

En el mundo actual, un TLC plus, plus, plus es una unión aduanera en la cual las mercancías circulan libremente sin certificados de origen y donde todas las partes tienen los mismos estándares sanitarios y técnicos.

La propuesta del gobierno de May es un sistema aduanero simplificado, basado en la confianza, la buena fe, el reconocimiento mutuo de reglamentos sanitarios y técnicos y el uso tecnologías de la información para realizar controles.

La posición de la Unión Europea es que las líneas rojas del Reino Unido determinarán la forma que adoptará la futura relación comercial entre ambas partes.

Diego Prieto Uribe
Experto en comercio exterior.

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