En los últimos años hemos enfatizado la centralidad de combatir la corrupción en todos sus niveles.
Más allá de la injusticia social que provoca, la corrupción carcome a las instituciones y tiene consecuencias negativas en el desarrollo de los países.
Cada dólar que se pierde en corrupción es un dólar que se le quita a un niño que merece educación, a una mujer embarazada que necesita atención médica o a una comunidad con escasez de agua e infraestructura. Además, la corrupción ahuyenta la genuina inversión privada, tan necesaria para impulsar el crecimiento económico, la generación de empleo y la reducción de la pobreza. Por todas estas razones, es un obstáculo al desarrollo.
Por el contrario, la transparencia y la rendición de cuentas son elementos fundamentales para que los países avancen. Los gobiernos e instituciones transparentes generan confianza tanto en la ciudadanía como en los inversionistas.
Y lo mismo vale para el sector privado. Aceptar las reglas de juego de sistemas competitivos y regulados sin buscar ventajas por fuera del sistema será clave también.
Así, la transparencia será crucial para que los países de América Latina y el Caribe atraigan y aprovechen el financiamiento privado para el desarrollo. Sobre todo, cuando a lo largo y ancho de la región muchos de los gobiernos enfrentan déficits fiscales que les dificultan aumentar la inversión en áreas prioritarias como la infraestructura, que experimenta una brecha de financiamiento de unos 180.000 millones de dólares.
Dada esta situación, el Grupo Banco Mundial y la Organización de Estados Americanos (OEA) presentamos la semana pasada el Acuerdo de Panamá, junto con el gobierno panameño, a fin de impulsar la transparencia, la rendición de cuentas y combatir la corrupción en América Latina y el Caribe.
El Acuerdo contiene una serie de acciones para mejorar la calidad y la transparencia de la información fiscal y financiera, fortalecer la rendición de cuentas en el sector público y mejorar la colaboración entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, todos ellos actores claves en la lucha contra la corrupción y en el desarrollo de los países.
Se destacan, entre las acciones propuestas, la producción de informes financieros de alta calidad por parte de gobiernos nacionales y subnacionales, el uso de herramientas y plataformas tecnológicas para las adquisiciones del Estado y los gastos del sector público, y la adopción de normas internacionales de gobierno abierto. También incluye acciones como la prevención y el combate a la evasión fiscal a los flujos financieros ilícitos y al lavado de dinero.
Otras medidas están enfocadas en fomentar una colaboración abierta y transparente entre los gobiernos y el sector privado, y fortalecer procesos para garantizar la inclusión de la sociedad civil. Todo ello con un claro objetivo: lograr una mayor participación genuina del sector privado en la financiación del desarrollo.
El Acuerdo de Panamá fue presentado durante la inauguración de la conferencia regional ‘Cuentas claras 2018: Gobierno transparente en colaboración con el sector privado", organizada por el Grupo Banco Mundial, la OEA y el Gobierno de Panamá, y tuvo lugar recientemente en la capital de ese país. Dicho evento reunió a representantes de los gobiernos, el sector privado, la academia, los organismos normativos, la sociedad civil, las organizaciones internacionales y los medios de comunicación.
Como parte de esta agenda de transparencia, en los últimos años se han impulsado reformas para reducir los trámites gubernamentales, fomentar el uso de datos abiertos y los sistemas de gobierno en línea –las cuales apoyamos– así como las iniciativas destinadas a mejorar la transparencia en las cuentas públicas, los presupuestos y los sistemas de adquisiciones de los países.
El Acuerdo de Panamá representa un paso adicional hacia el logro de una mejor gobernabilidad en América Latina y el Caribe.
Alentamos a todos los gobiernos, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil a sumarse a este Acuerdo con sus acciones, para lograr una región más transparente y próspera, libre del flagelo de la corrupción y que genere oportunidades de progreso para todos.
Luis Almagro es secretario General de la OEA.
Jorge Familiar es vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe
