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Editorial / Advertencia perentoria

Una cosa es que la inversión extranjera esté creciendo y sea bienvenida, y otra es que una compañía,

Redacción Portafolio
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Redacción Portafolio
marzo 13 de 2011
2011-03-13 07:12 p.m.

Ha pasado cerca de un cuarto de siglo desde cuando Colombia aprendió en forma dolorosa que hay bonanzas que no siempre vienen acompañadas de cosas positivas. Así ocurrió cuando a comienzos de los años ochenta la compañía Occidental Petroleum descubrió un rico yacimiento de crudo en el campo de Cravo Norte, en el departamento de Arauca. El hallazgo, que ha sido uno de los de mayor tamaño en la historia del país y que todavía continúa en producción, requirió en su momento una serie de obras importantes, con el fin de desarrollar la infraestructura que era necesaria para extraer los hidrocarburos de la zona mencionada y llevarlos a un puerto para ser exportados. Especialmente importante fue la construcción de un oleoducto que permitiera sacar el petróleo de un área a la cual aún es más fácil llegar por tierra desde Venezuela. De tal manera, los socios del campo –Occidental y Ecopetrol– contrataron la construcción de una tubería de 800 kilómetros de longitud, que debía atravesar terreno selvático, al igual que los más variados pisos térmicos para llegar hasta el Mar Caribe. Dadas las particularidades de la iniciativa, en el país de ese entonces no existía la capacidad técnica necesaria para acometer semejante obra de ingeniería. En consecuencia, el primer tramo del contrato fue adjudicado a Mannesmann AG, una multinacional alemana que tuvo a su cargo el primer ramal hasta río Zulia. Debido a la riqueza del yacimiento fue clara, desde un comienzo, la necesidad de poder iniciar el bombeo cuanto antes. En consecuencia, los constructores aceptaron una cláusula en el documento legal que firmaron, según la cual pagarían grandes multas ante un retraso eventual o, si se adelantaba, tendrían derecho a una jugosa prima. Eso fue precisamente lo que ocurrió. El oleoducto que une a Caño Limón con Coveñas fue terminado antes de tiempo y el país pasó de un momento a otro de ser importador neto a exportador de combustibles. Pero lo que no quedó claro en aquel tiempo fue que para garantizar la seguridad en sus frentes de obra, después del secuestro de algunos funcionarios, Mannesmann cedió al chantaje que le hiciera el Ejército de Liberación Nacional, por ese entonces un pequeño grupo guerrillero que había quedado a punto de extinguirse por la presión militar pocos años antes. No obstante, la profunda crisis del grupo armado fue superada gracias al dinero de la empresa germana. Desde entonces, empezó a describirse una dolorosa historia protagonizada por el ELN, y ampliamente conocida por los colombianos, que ha incluido asesinatos, secuestros y decenas de atentados contra el mismo oleoducto, que fue hecho en tiempo récord. Pero esa historia no es la única. Tiempo después el turno fue para Chiquita Brands, heredera de la tristemente célebre United Fruit, asociada en Colombia con la masacre de las bananeras, hace más de ocho décadas. Ahora está plenamente probado que la empresa estadounidense les giró dinero a los grupos paramilitares de extrema derecha, en el departamento del Magdalena y en la zona de Urabá, lo cual les costó condenas y multas a varios de sus ejecutivos. Tales historias, a pesar de su ingrata memoria, deben ser traídas a colación, por cuenta de la perentoria advertencia hecha por el presidente Juan Manuel Santos, el jueves pasado, en los Llanos Orientales. Sin titubear, el mandatario señaló que “empresa que pague extorsión, se va del país”. Tan firme reacción fue causada por los rumores que rodearon el secuestro de 23 personas vinculadas a Talisman, la socia de Ecopetrol en la compra de los activos de BP por casi 2.000 millones de dólares, que podría estar siendo objeto de un chantaje. Aunque no hay elementos de fondo para darle credibilidad a esa afirmación, no está de más que la Casa de Nariño haga un pronunciamiento contundente. Una cosa es que la inversión extranjera esté creciendo y sea bienvenida y otra es que una compañía, cualquiera que sea el sector en que se desempeñe, acepte caer en esta especie de pacto diabólico, que sólo serviría para perpetuar un círculo vicioso de dinero y violencia, en detrimento de los intereses de Colombia. Por eso es bueno que el mensaje se escuche bien y que el Gobierno reitere que habla en serio sobre un tema que no deja espacio para excepciones.

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