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Editorial / El agua está de vuelta

Ante el regreso de la temporada invernal es hora de preguntarse si se han tomado las medidas para qu

Redacción Portafolio
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Redacción Portafolio
marzo 04 de 2011
2011-03-04 12:49 a.m.

Los titulares que han vuelto a aparecer en la prensa colombiana por estos días son similares a los de hace tres meses: ‘Alerta en las márgenes del Río Cauca debido al aumento de su nivel’; ‘Preocupación en las zonas aledañas al Canal del Dique por inundaciones’; ‘Posibles alzas en los alimentos ante la llegada de las lluvias’; ‘Transportadores manifiestan inquietud por el estado de la infraestructura vial’. Todos, de alguna manera, repiten el argumento de una película conocida cuyo desenlace ojalá no sea el mismo de siempre y que se resume en una noticia publicada ayer: ‘Tragedia en caída de puente sobre un río crecido’.
Y es que sin desconocer las advertencias hechas por las autoridades, queda por verse si esta vez el país se encuentra listo para enfrentar a la naturaleza. Todo depende, por supuesto, de la intensidad de las precipitaciones que -según los modelos meteorológicos- podrían ser menores que en el pasado reciente. La razón es el debilitamiento del fenómeno de ‘El Niño’ en el océano Pacífico, que en el territorio nacional ha tenido su contraparte femenina.
Pero más allá de cruzar los dedos para que San Pedro no abra las llaves del cielo, lo que está a prueba en esta oportunidad es preparación gubernamental para un evento completamente previsible, pues si bien puede haber especulaciones sobre la pluviometría, estas no pueden existir con respecto al regreso de las lluvias. En tal sentido, es de esperar que alcaldes, gobernadores y funcionarios del orden nacional hayan hecho su trabajo, a pesar de la premura del tiempo.
Además, en este caso hay un elemento adicional, como es la atención de los damnificados que dejó el 2010. Según un informe del Ministerio del Interior con corte a mediados de febrero, desde el 6 de abril del año pasado se han contabilizado 2,4 millones de personas afectadas, 319 muertos, 317 heridos, 65 desaparecidos, 7.454 viviendas destruidas y 364.815 averiadas. El mayor impacto tuvo lugar en la Costa Caribe, aunque en Cauca, Valle, Chocó, Antioquia y Santander las pérdidas fueron también elevadas.
En respuesta a lo sucedido, la Casa de Nariño decretó el estado de emergencia, mediante el cual pudo expedir unos cuarenta decretos con fuerza de ley, los cuales están siendo revisados por la Corte Constitucional. El uso de esa herramienta permitió la apropiación de dineros en cuantía nunca antes vista, al igual que profundas reformas al sistema de atención de desastres y a la propia institucionalidad del sector. Podría decirse que la crisis fue, al mismo tiempo, una oportunidad para adoptar correctivos e identificar recursos orientados a soluciones coyunturales y estructurales.
Dentro de las primeras, la de mayor importancia fue la atención de los miles de personas que lo perdieron todo o casi todo. Al respecto, hay que reconocer la adopción de mecanismos que permitieron llegar a la inmensa mayoría de los más severamente golpeados por la fuerza de las aguas. Aparte de la construcción de campamentos temporales, se han entregado decenas de miles de ayudas monetarias con el fin de que las familias afectadas puedan pagar un arriendo, al tiempo que se aseguraron programas alimentarios y de salud. El paulatino retorno a la normalidad es evidenciado por el regreso a clases de la inmensa mayoría de los estudiantes, a pesar de que un número importante de colegios sigue siendo utilizado como albergue.
No obstante, lo hecho hasta ahora palidece frente a lo que falta. En particular, hay que señalar que el inventario de terrenos anegados es todavía muy alto, que los proyectos de vivienda apenas empiezan a identificarse y que la reparación de la infraestructura ha andado a paso de tortuga. Debido a ello, una buena cantidad de poblaciones continúa aislada o con problemas para sacar sus productos al mercado.
Es difícil repartir las culpas, pero todo indica que la mayor responsabilidad les corresponde a alcaldes y gobernadores que han respondido con desesperante lentitud a las ofertas de dinero para la reconstrucción. El caso de los 900.000 millones de pesos que languidecen en el Fondo Nacional de Regalías para las vías secundarias y terciarias, sin que ningún mandatario haya hecho solicitud alguna, es tal vez la demostración más aberrante, pero no la única, de la falta de capacidad de gestión del país para aplicar el precepto que dice que ‘prevenir vale más que lamentar’.
 

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